Agentes sociales, economistas y políticos reclaman un pacto de Estado contra la recesión
Empresarios, economistas, políticos y sindicatos coinciden en la necesidad de un gran pacto de Estado para combatir la recesión. Consideran necesarias reformas de calado para la recuperación de un sistema financiero que inyecte más liquidez a empresas y familias. También abogan por cambios en el mercado laboral y por un mayor control de los impagos en las Administraciones públicas.
La crisis se acelera a pasos agigantados en España. Cada día que pasa se conoce un nuevo indicador que muestra el daño que está sufriendo la economía por el frenazo en la actividad, con su mayor expresión en la destrucción de empleo de los últimos meses (más de un millón de puestos de trabajo entre enero de 2008 y 2009) y la escasez de crédito a las empresas.
Y la percepción mayoritaria es que ni desde el Gobierno ni desde la oposición se están adoptando las actitudes necesarias para revertir esa situación. El Ejecutivo aprobó con urgencia un fondo de 8.000 millones para inversiones en obra pública de los ayuntamientos con el fin de mantener la creación del empleo, que ha sido duramente contestado desde la oposición al considerarlo innecesario. También puso en marcha y amplió varias líneas de crédito del ICO para mejorar la liquidez de las pymes, que han montado en cólera con las entidades financieras que las gestionan al considerar que han cerrado el grifo del crédito. Ofendida ante la acusación, la banca ha contraatacado al acusar al Ejecutivo de ser el responsable de la crisis por su pasividad.
En este escenario, empresarios, sindicatos, economistas y políticos consultados por CincoDías coinciden en señalar que es imprescindible otro pacto de estabilización económica, como se hizo en 1959 para propiciar la salida de España de un régimen autárquico a una economía de mercado.
Los empresarios, de forma mayoritaria, apuestan claramente por el pacto de Estado. El presidente del Santander, Emilio Botín, abogó ayer porque el sector público y privado vayan de la mano, 'puesto que apoyar nuestra economía es una labor de todos'. En la misma línea, el presidente de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, exhortó a los implicados en la crisis a asumir su papel y renunciar a algo por el bienestar colectivo. 'No se conseguirá salir adelante si empresarios y sindicatos van cada por su lado', aseguró.
El presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, trasladó ayer al portavoz de Economía del PP Cristóbal Montoro, que los problemas prioritarios para las pymes son la falta de crédito, la morosidad y la ausencia de reformas estructurales en del mercado laboral, informa Federico Castaño. Díaz Ferrán, que ha solicitado una reunión urgente con Zapatero para aunar esfuerzos contra la crisis, se queja del retraso con el que pagan las administraciones. En este contexto, Montoro le respondió que el PP defenderá la creación de un fondo público de 5.000 millones destinado a que las corporaciones locales afronten las deudas que tienen pendientes con las pymes.
Por su parte, el presidente del Senado, Javier Rojo, se mostró ayer partidario de alcanzar grandes acuerdos para afrontar los retos de España ante la crisis, como ocurrió en el pasado. '¡Cómo es posible que no seamos capaces de sentarnos a pensar en el conjunto de la sociedad, y no de si este ministro, este gobierno o aquél están más fuertes!', sentenció Rojo, quién dijo que lo que está en juego 'es la credibilidad de la clase política'. De la misma forma piensa, Josep Antoni Durán i Lleida, portavoz de CiU, quien pide que se reediten los Pactos de la Moncloa de 1978.
Algunos analistas no lo tienen tan claro. Gregorio Izquierdo, jefe del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos, señala que la actual situación es tan compleja que necesitaría de un consenso muy fuerte. 'El Ejecutivo tendría que apoyar medidas impopulares como el recorte del gasto público o los sindicatos tendrían que rebajar sus exigencias en la negociación colectiva', señala. Un escenario tan difícil de ver que, a juicio de Izquierdo, sólo permitiría un acuerdo en el que las soluciones aceptadas 'no serían siempre las necesarias para salir de la recesión'.
Fernando Eguidazu, vicepresidente del Círculo de Empresarios, afirma que sería deseable un pacto de Estado para aquellas reformas estructurales cuya tramitación requiera un periodo superior a una legislatura, como educación, pensiones o energía. Sin embargo considera que sería positivo, pero no necesario, el acuerdo en la estrategia macroeconómica. 'Las reformas que necesita la economía pueden ser acometidas por el Gobierno, si hay un diagnóstico correcto y voluntad política. Y el acuerdo de las restantes fuerzas políticas y sociales sería positivo, pero no imprescindible', asegura.
La visión desde los sindicatos difiere respecto a la de los empresarios. Para Miguel Ángel García, responsable del gabinete económico de CC OO, la prioridad es recuperar competitividad. 'Eso sólo se logrará con un aumento del valor añadido de los bienes y servicios. Las políticas sectoriales tendrán que centrarse en el precio de los productos, para lo cual tiene que encontrarse un equilibrio entre capital y trabajo. Si no se consigue un consenso en el precio, el cierre de empresas y la destrucción de empleo será aún mayor', advierte.
Funcas. Reducir la temporalidad en la contratación
La prioridad para salir de la crisis, a juicio de Ángel Laborda, director de coyuntura de Funcas, es que se normalice el sistema financiero. 'Y eso no se soluciona con el debate sobre si la banca otorga más o menos crédito a las empresas'. En su opinión, la banca es el corazón del sistema financiero y hasta que no se recupere, el resto de los órganos vitales no van a funcionar. 'El patrón de crecimiento de los últimos años, basado en el exceso de crédito, se ha acabado. Ese modelo era insostenible: creó miles de puestos de empleo y con la misma rapidez los ha destruido'. En el nuevo escenario, Laborda cree necesario afrontar dos reformas vitales en el mercado laboral: reducir los niveles de temporalidad y elevar la productividad. 'El exceso de contratos temporales es una ineficiencia tremenda ya que las empresas no forman a sus trabajadores, estos no progresan y la productividad no crece', apunta. Laborda apuesta también por una profunda reforma fiscal, con reducciones en todos los impuestos que graven la producción y subidas en los especiales y el IVA.
IEF. Control sobre la morosidad de los ayuntamientos
'Un pacto de Estado es la mejor solución, pero en él tienen que estar incluidos los ayuntamientos y las comunidades autónomas'. Para Javier Quintana, director del servicios de estudios del Instituto de Empresa Familiar, el gran problema con el que se encuentran las empresas en España es la falta de liquidez por la restricción del crédito y por el incumplimiento de los pagos por parte de las administraciones públicas, en especial de los ayuntamientos. 'Los acreedores no se pueden defender frente a las administraciones que no pagan', señala Quintana, quién recomienda reformar la ley de Morosidad para establecer unos plazos de cumplimiento más estrictos, en especial a los ayuntamientos. 'La economía real no puede seguir financiando a las administraciones públicas', asegura.Quintana también apuesta por la moderación salarial para los próximos años, y por afrontar la reforma del mercado de la energía. 'Nuestra economía no puede depender de la cotización del petróleo o de las decisiones de países como Argentina o Rusia', apunta.
AFI. Recuperar la confianza de las empresas
Escasez de demanda y de crédito. Esos son los dos principales problemas a los que se enfrenta la economía española, según José Antonio Herce, socio de Analistas Financieros Internacionales. 'Ambos tienen causas comunes: la desconfianza de los hogares y de las empresas que ni consumen ni invierten'. Por ese motivo cree que sería deseable un gran acuerdo para resolverlos, aunque matiza que ese pacto no funcionaría si sólo incluye reducciones de beneficios empresariales u obligaciones a las entidades financieras. 'El resultado sería quiebras de empresas y bancos. Todos los implicados deberían hacer alguna renuncia a cambio de incentivos adecuados', recalca.Herce advierte de que la contrapartida social con la que suelen compensar esas pérdidas suele ser el aumento del gasto público corriente. 'Hay que tener cuidado con esta tendencia. Lo mejor sería que el gasto siempre fuera estructural, es decir, infraestructuras productivas y sociales, como por ejemplo, todas las relacionadas con la dependencia', apunta.
Cámaras. Mejorar la competitividad en el exterior
'La salida a la crisis pasa por recuperar competitividad frente a otros países'. Juan José de Lucio, director del servicio de estudios de las Cámaras de Comercio, asegura que la reforma prioritaria para lograr ese objetivo es mejorar la financiación a la actividad productiva, garantizando el suministro de liquidez.En su opinión, esa modificación debería verse acompañada al mismo tiempo de otros cambios en el mercado de trabajo o en materia impositiva. En el primer caso, De Lucio cree que sería imprescindible acabar con la fijación de salarios vinculados a la inflación, para que se modifiquen sobre la evolución de la productividad. En lo relacionado con impuestos, considera fundamental la rebaja en las cotizaciones sociales de las empresas.Otras dos reformas que debería incluir ese gran acuerdo serían, a su juicio, un programa de ajuste del gasto público corriente en las tres administraciones públicas, y una reforma para agilizar el funcionamiento de la justicia.