El dilema moral que no desaparece

Con el trazo grueso que caracteriza el debate público en España, el dilema moral sobre las ayudas al sector bancario ha llegado. Bajo la cuestión, de perfil casi teológico, sobre la finitud o infinitud de la paciencia de los gobernantes o bajo el límite salarial propuesto por Obama subyace el nudo gordiano de la actuación pública: si es justo ayudar y qué se debe, o se puede, exigir a cambio dicha ayuda. En torno a esta cuestión gravitan los planes de rescate en todos los países desarrollados del mundo.

El plan estadounidense de crear un banco tóxico que agrupe los activos tóxicos tiene un gran problema, como ya han señalado algunos analistas: la definición de qué activos pueden ser asumidos por el Estado y el precio de compra. Y en este sentido todo aquello que se parezca a dar dinero y no preguntar tiene el riesgo no sólo de desperdiciar dólares, sino el añadido de prolongar la agonía de entidades que pueden no resultar solventes en el largo plazo ni siquiera con el paraguas público. Una posición demasiado benevolente con las demandas de las grandes entidades financieras -es decir, comprar mucha deuda a precios inflados- puede hacer bien poco por purgar los excesos pasados y regenerar el sistema.

El mercado no quiere los activos tóxicos, les asigna un valor cero. Cercar estos activos para que no afecten a la actividad bancaria del resto es tentador pero, ¿cómo trazar la línea? La solución del banco malo debería obligar a las entidades a, finalmente, apuntar a su valor real los activos tóxicos y, hecho esto, o bien recapitalizarlos -más nacionalización- o bien dejarlos caer.

En todo caso, si se trata de limpiar el sistema y evitar que el dinero público financie a bancos zombis, nuevamente el elevado grado de contaminación del sistema complica la respuesta del sector público. Como sucedía con las nacionalizaciones, la búsqueda del término medio parece una misión imposible: si todo el mundo se retrata, quizá todo el mundo deba ser rescatado.