Las familias y empresas declaradas en quiebra podrían aumentar hasta un 70% en 2009
Entre 4.500 y 5.000 familias y empresas podrían declararse en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebra) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas en 2009, lo que supone entre un 55% y un 70% más que en 2008, cuando se registraron 2.902 procedimientos, según el Registro de Economistas Forenses (Refor), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas.
"No parece descabellado", aseguró el presidente del Refor, Raimon Casanellas, quien fue el encargado de presentar hoy, junto a la directora del organismo, Inés Landín, un informe sobre los procedimientos concursales en 2008, elaborado a partir de los datos aportados por el INE.
Según Landín, "lo lógico es que el número de procedimientos concursales siga aumentando en tasa interanual hasta, como mínimo, finales de este año", de forma que se alcancen, sólo hasta marzo, entre los 1.200 y los 1.300 concursos, tras registrarse 1.082 procedimientos del cuarto trimestre de 2008, cifra hasta ahora desconocida en un sólo trimestre.
En cuanto a los datos de 2008, una de las cifras más preocupantes para el Refor se centra en el número de trabajadores que se han visto inmersos en un procedimiento concursal y que desde el inicio de la Ley Concursal ascienden a 125.000, de los que alrededor de 24.000 lo fueron únicamente entre septiembre y diciembre del pasado año.
El fin de esta escalada lo dictarán el resto de los indicadores económicos, ya que el procedimiento concursal suele ser el último recurso para empresas y familias y, por tanto, el último 'aviso' tras otros como el aumento de la morosidad.
Las quiebras llegan al deporte
Por otro lado, uno de los datos que destaca el Refor respecto a los datos publicados por el INE es la aparición de nuevos perfiles de empresas que acuden a un concurso de acreedores. Entre ellos aparecen consultores tecnológicos, empresas de cosmética, hoteles, intermediarios textiles o concesionarios de automóviles, así como los hasta hora desconocidos clubs de fútbol y baloncesto e incluso campos de golf.
Con todo, las empresas constructoras e inmobiliarias siguen sumando el mayor número de concursos de acreedores. Así, en el cuarto trimestre de 2008 se produjeron 258 concursos en la construcción, sólo seguidos por los 214 presentados en el sector industrial. Si bien, desde el Refor se espera que la crisis y con ella los concursos se vaya "propagando" desde el ladrillo a otras actividades industriales.
Modificar la ley ante la saturación de los juzgados
A la vista de estos datos, Casanellas insistió en que los juzgados de lo mercantil que acogen los concursos de acreedores empiezan a estar saturados. De hecho, según el organismo, sólo con un macroconcurso como el de Martinsa-Fadesa se "paraliza" un juzgado.
Por ello, el presidente del Refor propuso una serie de "pequeños cambios" para agilizar los trámites. En primer lugar propuso que se permita que sea el administrador concursal quien fije el crédito del deudor, ya que las vistas que se establecen en los tribunales para este cometido atrasan mucho el procedimiento, hasta cuatro ó cinco meses, tanto que la fase de impugnaciones al informe provisional del administrados se ha convertido en un auténtico "cuello de botella".
Además, según Casanellas, reducir estos plazos es "fundamental" para fomentar los acuerdos o pactos con los acreedores para evitar un concurso de acreedores. Si bien, para ello, añadió, sería necesario eliminar algunas prohibiciones que recaen sobre los acreedores presentes en la Ley Consursal.
Con ambas medidas, y otras como primar al deudor que se decante en un breve plazo de tiempo por alcanzar un acuerdo u optar por la disolución, permitirían incrementar en número de acuerdos y rebajar el número de liquidaciones finales, que en España es más alto que en otros países de Europa.
Finalmente, el Refor mostró su "preocupación" por el alto coste que para las familias llega a suponer la solicitud de un concurso de acreedores, y que, para un pasivo de entre 30.000 y 300.000 euros puede alcanzar una horquilla de entre 12.000 y 20.000 euros.
Según propone este órgano especializado, sería necesario revisar los gastos que acarrea por pago de abogados, procuradores o incluso publicación en el BOE para hacer más barato el procedimiento. Por ejemplo, según Landín, se podría rebajar este último gasto, dado que el BOE ya sólo se publica a través de Internet.
Además, Casanellas recordó que a las personas físicas no se les exonera de sus deudas mientras cuenta con ingresos, a diferencia de otros países, por lo que, esta sería una vía de modificación.