La UE dobla a España en jueces por habitante
Bermejo y las asociaciones judiciales negocian hoy para evitar la huelga del 18 de febrero.
La reunión que mantendrán hoy las asociaciones de jueces con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, se ha convertido en la última esperanza para evitar el primer parón judicial de la historia de España. Más de un millar de jueces votaron la semana pasada acudir a la huelga el 18 de febrero para forzar al Gobierno a cumplir sus reivindicaciones. Bermejo ha sostenido que las quejas 'esconden' el malestar producido en la carrera judicial por las críticas al CGPJ en torno a la 'leve' sanción impuesta al juez Rafael Tirado por la muerte de la niña Mari Luz Cortés. Los jueces insisten en que trabajan en condiciones precarias. Dicen que su mensaje se ha reducido a una petición de incremento salarial, cuando luchan por una reforma estructural y la modernización de los juzgados.
Justicia invertirá a tal fin 135 millones de euros este año. Siete más que en el ejercicio anterior. Un total de 72,29 millones para la modernización tecnológica y 63,49 para infraestructuras. 'La inversión aumenta, pero no lo suficiente', expone Antonio García, portavoz de la Asociación Nacional de la Magistratura. 'No hay más que acercarse a un juzgado y ver las montañas de papeles para darse cuenta de la situación en la que se trabaja', añade.
Evitar desgracias
La carrera judicial pide modernizar los juzgados y rebajar la carga de trabajo
Ninguna de las cuatro asociaciones da una estimación de la inversión que haría falta. 'Quizás no sea necesario más dinero, sino mejor planificación. Que se digitalicen los documentos y se cree una red nacional de comunicación interna', apunta Miguel Ángel Gimeno, representante de Jueces para la Democracia. 'Eso permitiría evitar casos tan desgraciados como el de la niña Mari Luz', secunda Lorenzo del Río, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
En cuanto al resto de infraestructuras, las asociaciones coinciden en que la prioridad no son más juzgados, sino más jueces. En España hay 4.543. Un ratio de unos 10 jueces por cada 100.000 habitantes. La Comisión de la UE para la Eficacia de la Justicia (Cepej), la sitúa en el puesto 37 de un total de 46 países del continente. Europa dobla la proporción española. Mientras, el atasco judicial supera los dos millones y medio de asuntos pendientes. Mucho trabajo y pocos efectivos. El objetivo de los jueces es que se instaure la nueva Oficina Judicial para establecer la carga máxima de trabajo razonable que pueden soportar. Más del 70% opina que la actual es excesiva, según datos del CGPJ. Eso sí, exigen conservar el poder de señalar juicios, que Justicia sugirió ceder a sus secretarios.
Sus sueldos, algo por encima de la media europea, oscilan entre 3.000 y 6.000 euros mensuales. Lo que piden es que se aplique la revisión quinquenal que marca la ley de Retribuciones.
Legalmente, los jueces no pueden sindicarse. Las cuatro asociaciones -que representan al 50% de la carrera judicial- se habían convertido en su voz. Lo que no está tan claro es si pueden ir a la huelga. La Constitución no lo especifica, y los juristas no se ponen de acuerdo. Algunos lo comparan a una huelga del poder Ejecutivo. El órdago que lanzaron las juntas de las grandes capitales parece demostrar que irán de todas formas. Bermejo, que tildó de 'traición' la huelga, y las asociaciones, que abogaban por esperar para convocarla hasta el 26 de junio, deberán pactar ahora para calmar los ánimos de las principales juntas.
Principales peticiones
Medidas estructurales: instaurar la Oficina Judicial, digitalizar los documentos y crear una red interna de comunicación.
Carga de trabajo: que se establezca una carga máxima razonable, para evitar el exceso de trabajo. Esto permitiría conciliar la vida laboral con la familiar.
Formación: preparar a los funcionarios judiciales.
Mantener sus poderes: conservar la potestad de señalar juicios y vistas.
Retribuciones: aplicar la revisión de sueldo quinquenal, según marca la ley de retribuciones.