Europa, EE UU y el futuro de las 'telecos'
El Parlamento Europeo ha aprobado una extensa revisión de las normas de 2002 sobre internet y telecomunicaciones. El objetivo es mejorar la competencia y ofrecer más servicios al consumidor. Para conseguirlo, el Parlamento deberá alcanzar un acuerdo con el Consejo Europeo no más tarde de abril. Es decir, en este momento hay abierto un periodo, previo a la votación, que representa una oportunidad para que las empresas participen en el proceso legislativo europeo.
A los cambios legislativos en la Unión Europa, se une la incertidumbre sobre las medidas que adoptará Estados Unidos. La política norteamericana del sector no puede percibirse como algo aislado de cuestiones prioritarias, como la crisis o la reforma del sistema sanitario. De hecho, la banda ancha podría utilizarse como catalizador económico para el desarrollo de la teleasistencia.
Obama jugará, previsiblemente, un papel intervencionista en política tecnológica. El plan económico de emergencia contemplado en su programa electoral incluía medidas sobre tecnología como: doblar los fondos federales para investigación, ofrecer crédito fiscal permanente a la I+D, apoyar la inversión en infraestructuras e impulsar el despliegue de banda ancha.
No obstante, si comparamos las prioridades europeas y las promesas de Obama, alcanzaremos una visión más clara del futuro del sector.
Impulsar el acceso universal y de calidad a internet sigue siendo una de las prioridades. Para lograrlo es necesario promover el despliegue de redes de banda ancha y reducir la brecha digital. En Europa seguimos divididos entre los que tienen acceso a la red y los que no. Las autoridades quieren que la banda ancha llegue a todos los europeos en 2010; buscan estimular la inversión aunque se enfrentan a la dificultad de encontrar el equilibrio entre la necesidad de regular (sin perder de vista la apertura de las redes de los incumbentes a la competencia) y la de asegurar la inversión privada en infraestructuras.
Por su parte, Obama impulsará la banda ancha combinando medidas como:
l La reforma del Fondo del Servicio Universal, que en Estados Unidos soportará el despliegue de banda ancha. En Europa, la Comisión estudia ampliarlo al despliegue de infraestructuras de móviles.
l El uso más eficiente del espectro radioeléctrico. Obama prevé incluir incentivos para llevar la banda ancha a áreas rurales. Por su parte, la Comisión trata de armonizar el uso del espectro a escala comunitaria.
l La promoción de la próxima generación de tecnología.
l El incremento de créditos y ayudas fiscales.
Otra prioridad es la neutralidad de la red. En Europa está regulada por la Directiva sobre el Servicio Universal y no se prevén cambios inmediatos. Sin embargo, Obama defiende la legislación federal y la apertura de internet. Sostiene que los ISP no deberían tener potestad para bloquear contenidos ni para discriminar el tráfico de contenidos que exigen más ancho de banda. El presidente nombrará nuevos candidatos para consejeros de la FCC, órgano que analizará la neutralidad de la red.
En cuanto a la protección de la privacidad, la Comisión estudia la posible doble obligación de notificación de incumplimiento, de manera que los operadores de redes y los ISP tendrían que notificar posibles violaciones de la privacidad a las autoridades reguladoras nacionales y a los clientes. Obama planea fortalecer la privacidad haciendo responsables de las violaciones a las empresas y al Gobierno.
A la incertidumbre reguladora y a las medidas que Obama empiece a aplicar tras tomar posesión de su cargo mañana, debemos añadir el impacto de la crisis económica en el sector: la previsión de crecimiento se reduce en las tecnológicas; obtener financiación es cada vez más difícil; las inversiones se recortan en zonas poco pobladas, y aumentan los acuerdos para compartir infraestructuras.
En definitiva, vivimos un momento de cambios y de dificultad en el que la industria necesita asegurar una legislación favorable para su desarrollo. De este periodo saldrán reforzadas las empresas capaces de innovar, mejorar su oferta y optimizar sus costes. No obstante, resultará crucial la orientación que tomen las leyes que están debatiéndose en este momento; proceso en el que, sin duda, las empresas deberían involucrarse.
Albert Concepción. Socio director de Ulled Comunicación