El juez declara abierto el concurso voluntario de acreedores de la aerolínea LTE
El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Palma declaró hoy abierto el concurso de acreedores de la aerolínea española LTE Internacional Airways, después de que el pasado viernes entrase oficialmente en la dependencia judicial un día más tarde de que su consejero delegado, Michael Harrington, abonase las tasas.
El titular del Juzgado, Víctor Fernández, nombró administradores concursales a KPMG Auditores SL, como economistas; a Francisco Javier Sitjar como abogado; y a la entidad Newrest Inflight España, como administrador acreedor.
Según especifica el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) las personas designadas tendrán que aceptar el cargo en un plazo de cinco días sobre la cuantía de la retribución a percibir.
Asimismo, establece que los representantes de la empresa deberán comparecer ante el Juzgado y la administración concursal las veces que sean requeridos, y tendrán que "colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente" para la administración del concurso, así como poner a disposición de los administradores concursales "los libros, documentos y registros correspondientes". Obligación que además se extiende a los cargos de las sociedades deudoras que lo hubiesen sido en los dos años anteriores a la declaración del concurso.
La presidenta del comité de empresa de LTE, Herminia Caballero, en declaraciones a Europa Press, quien mostró su sorpresa por que el juez admitiese a trámite este procedimiento de una manera "tan rápida". Precisamente ayer los trabajadores solicitaron que se agilice el pago por parte del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) para que se les pueda adelantar alguna cantidad de los finiquitos o indemnizaciones, ya que los más de 300 empleados de la compañía se encuentran sin cobrar desde el pasado mes de agosto.
El auto también indica que los administradores concursales tendrán que elaborar un informe en un plazo de dos meses. La resolución se comunicará a los Juzgados Decanos de los partidos judiciales de Palma, Tenerife, Las Palmas, Arrecife y de Granadilla de Abona; así como al Fogasa, el registro Mercantil, la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Aviación Civil. Finalmente, destacó que contra la resolución cabe interponer un recurso de reposición ante el mismo Juzgado en un plazo de cinco días.
Caballero ayer confió en que después del "calvario" sufrido por los trabajadores por llevar varios meses sin cobrar y por la espera sufrida hasta que la empresa presentó el concurso de acreedores y pagó las tasas, el proceso se desarrolle "cuanto antes". En concreto, la intención de los trabajadores es que se agilice debido a las indemnizaciones del Fogasa y a las posibles recolocaciones.
Recolocación de los trabajadores
La representante de los empleados indicó que tanto la cantidad a percibir como el porcentaje de trabajadores que podrían ser recolocados son dos temas sobre los que todavía no se ha decidido nada por lo que deberán negociarse. No obstante, manifestó que su objetivo es que el Fogasa adelante "por lo menos lo mínimo para sobrevivir".
Los trabajadores lamentaron el pasado mes que la compañía ha rechazado "a sus espaldas" las ofertas de compra por parte de "bastantes y buenos" inversores, a pesar de la actual situación de dificultad que atraviesa la empresa.
El comité criticó que conocieron estas ofertas de los inversores "de casualidad" y que éstas fueron presentadas "a lo largo de mucho tiempo". En este sentido, apuntó que les consta que a principios de 2007 la empresa ya tuvo un posible inversor pero que ni los accionistas ni el consejero delegado les informaron sobre éstas.