Disputa

El Ayuntamiento acusa a la Comunidad de querer controlar Caja Madrid

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno regional de ir contra el principio de neutralidad que debería imperar en Caja Madrid y de adoptar medidas que favorecen su control de la entidad financiera.

A través de un artículo de opinión que publica hoy el diario El País , Juan Bravo detalla los argumentos contrarios a la decisión de la Comunidad de Madrid de reformar la Ley de Cajas madrileña, respaldada el pasado 29 de diciembre por el pleno de la Asamblea de la región.

Según el concejal de Hacienda madrileño, el análisis de esa reforma permite constatar "una frontal vulneración de los principios de proporcionalidad y neutralidad" que a su juicio deberían presidir la gestión de los poderes públicos respecto a Caja Madrid, por lo que "se opera de hecho una alteración del régimen jurídico" de la entidad.

Los cambios atribuyen al Ejecutivo regional una capacidad de control sobre la Caja que "va más allá de las competencias de disciplina, inspección y sanción" que le reconoce la Ley estatal que regula el funcionamiento de las Cajas de Ahorro.

Bravo asegura que la "abrupta irrupción" de la Comunidad en Caja Madrid no se justifica por exigencias jurídicas y expresa el temor a las consecuencias que sobre las cuentas de la entidad pueda tener el "quebranto" de un modelo hasta ahora existente de autonomía en la gestión que "ha dado sus frutos desde el punto de vista financiero y social".

El responsable de Hacienda del municipio madrileño dice que la representación de los organismos políticos en Caja Madrid crecerá hasta situarse por encima del sesenta por ciento y que la Comunidad podrá elegir a más representantes, mientras que se ha reducido "de forma absolutamente injustificada" la presencia de algunos Ayuntamientos.

También apunta la "dudosa constitucionalidad" del apartado de la reforma que excluye a las corporaciones locales del reparto de representantes que en la Asamblea General corresponde a la Corona, como entidad fundadora de la Caja madrileña, y que hasta ahora había renunciado a ello en beneficio de otras instituciones, que veían aumentar proporcionalmente sus consejeros.

El resultado de todo ello es que la nueva regulación "incrementa de forma interesada la representación directa e indirecta de la Comunidad de Madrid, que utiliza su capacidad normativa en beneficio propio y en perjuicio de todos los Ayuntamientos".