La gran industria mantendrá su tarifa hasta julio, pero con subidas del 5% al mes
La última tarifa industrial, la llamada G-4 que se aplica a varias instalaciones de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa, no ha desaparecido al comenzar el año, tal como estaba previsto. Industria ha decidido prorrogarla hasta el 1 de julio, fecha en que desaparece el actual sistema de tarifas, si bien, hasta entonces, el precio se incrementará un 5% cada mes.
La orden ministerial por la que se revisan las tarifas eléctricas desde el 1 de enero incluye una disposición transitoria, la octava, en la que se establece que entre esa fecha y el 1 de julio los consumidores acogidos a la tarifa G-4 seguirán con un precio regulado. Concretamente, pagarán un término fijo de 13,82 euros por kW/h al mes y 0,016 euros kWh por la energía que consuman. Esto supone que dicha tarifa, la única que queda en alta tensión, ha experimentado en enero un incremento del 3,8%.
La gran novedad de esta decisión es que la G-4, cuya desaparición estaba prevista este año (en realidad, debía haber sido eliminada el año pasado con el resto de tarifas industriales, según exige Bruselas) seguirá vigente hasta el próximo 1 de julio. En esta fecha desaparecerá el actual sistema tarifario, que será sustituido por el de la llamada tarifa de último recurso (o TUR), que sólo se podrá aplicar a los pequeños consumidores domésticos con potencia contratada inferior a 15 kW.
Sin embargo, este periodo transitorio no será un camino de rosas para las cinco instalaciones de ArcelorMittal, Asturiana de Zinc y Alcoa que son a las que se aplica. Y es que, según la orden ministerial, 'a partir de febrero dichos precios se incrementarán mensualmente un 5%'. Asimismo, añade el texto, 'se mantendrán las obligaciones contractuales en relación con el sistema de interrumpibilidad'.
Este sistema equivale a una especie de seguro que las compañías firman con el sistema, por el cual, a cambio de una tarifa favorable, el gestor de la red puede interrumpir el suministro de las plantas en caso de necesidad.
Contratos con las eléctricas
La desaparición de las tarifas industriales el pasado julio ha supuesto un fuerte encarecimiento de la energía para las empresas afectadas que han denunciado un alza de los costes superior al 50%. En el caso de la G-4, sólo las subidas previstas por Industria, si se mantienen en esta tarifa hasta julio, verán encarecer su factura un 25%.
Sin embargo, el ministerio, dentro de las negociaciones que dice haber mantenido con las eléctricas para acabar con el déficit de tarifa, ha pedido a las eléctricas que favorezcan a las instalaciones de la G-4 (y al resto de industrias que acrediten pérdidas como consecuencia del encarecimiento de la energía) con contratos favorables. Concretamente, con precios por debajo del mercado.
A pesar de ello, dichas negociaciones no han prosperado, según fuentes empresariales, por lo que este compromiso para facilitar la transición al libre mercado ha quedado en suspenso en tanto se avanza en algún tipo de solución. La desaparición de la G-4 supondrá eliminar de la tarifa 500 millones de euros.
A mediados de diciembre, el presidente de la patronal siderúrgica Unesid, Gonzalo Urquijo, indicó que las plantas de la G-4 ultimaban acuerdos con las compañías eléctricas que les permitiesen mantener su competitividad pese a la liberalización, informa Europa Press. Este grupo de plantas representa, en términos de volumen, el 25% del consumo eléctrico.
Por otra parte, la orden ministerial limita la asignación de incentivos a la inversión a las instalaciones de generación eléctrica que acrediten una potencia media en uso del 90% de la instalada. Anteriormente, estos incentivos para ampliaciones y modificaciones de centrales de generación se destinaban a instalaciones de 50 MW o más, sin distinción de la potencia en funcionamiento.
La modificación, que se aplicará a partir del 1 de abril, elimina el umbral de 50 MW y establece como único el criterio del rendimiento equivalente al 90%.
Facua pide más poder de decisión
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios (Facua) reclamó el viernes una 'participación real y efectiva' de las asociaciones de consumidores en la toma de decisiones sobre la regulación y tarifas en ámbitos como el energético, el suministro de agua y los transportes.Facua transmitió este deseo a través de un comunicado en el que analizaba las subidas que se produjeron en 2008 en tarifas reguladas por las administraciones públicas. Unas subidas que la asociación, representada en la CNE, califica de 'desproporcionadas'.