La industria pesada teme que su factura eléctrica se dispare por el coste del CO2
La industria pesada teme el impacto indirecto del mercado de emisiones de CO2 y, en particular, el encarecimiento de un suministro tan imprescindible como la energía. El Consejo Europeo ha aceptado ayudas directas a los sectores afectados, pero Bruselas las quiere restringir al máximo.
La industria pesada acogió con alivio la decisión del último Consejo Europeo (11 y 12 de diciembre) de ofrecer gratis a ciertos sectores los derechos de emisiones de CO2 para que participen a partir de 2013 en el mercado de esos títulos. Pero la cumbre europea presidida por Nicolas Sarkozy dejó sin concretar qué ayudas recibirá la industria afectada por el encarecimiento de la energía derivado de la participación de las compañías eléctricas en el mercado de CO2.
Según fuentes de la industria, ese impacto indirecto puede ser hasta seis veces mayor que el coste que hubiera supuesto para algunos sectores pagar por sus propios derechos de emisión.
Las industrias más afectadas son las llamadas energívoras, cuyo consumo de electricidad puede suponer hasta un 35% de sus costes de producción. En esa categoría se encuentran, por ejemplo, las plantas de aluminio, las cementeras, las fábricas de vidrio, papel o cerámica, y las químicas.
El coste indirecto del mercado de emisiones puede ser hasta seis veces mayor que el directo para algunos sectores
En España, algunos de esos sectores han estado a salvo del impacto indirecto del mercado de emisiones porque disfrutan de una tarifa regulada muy por debajo del precio de mercado de la electricidad. Pero esa norma expira el 31 de diciembre de este año, lo que expondrá a la industria pesada a partir de enero a la repercusión en su factura energética del coste de la emisión de CO2 de las eléctricas.
Las compañías eléctricas europeas, de hecho, ya están repercutiendo ese coste a pesar de que en la fase actual del mercado de CO2 obtuvieron gratis los derechos iniciales. A partir de 2013, las eléctricas deberán empezar a comprar parte de los títulos en una subasta pública, por lo que la repercusión para los consumidores puede ser aún mayor.
La industria pesada, sobre todo la que opera en mercados internacionales, asegura que no dispondrá de margen para pasar a su vez a sus clientes un incremento en el coste energético.
La directiva sobre el mercado de emisiones pactada en la última cumbre europea se hace eco de este temor. Y ofrece a los países de la UE 'la posibilidad de adoptar medidas financieras en favor de aquellos sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono deslocalización como consecuencia de los costes en la electricidad relacionados con los gases de efecto invernadero'.
La Comisión Europea ya ha empezado a preparar el listado de sectores o subsectores que podrán recibir compensaciones por el incremento de su factura energética. Pero fuentes de la industria creen que Bruselas intentará cerrar al máximo el embudo de las ayudas, sobre todo, cuando la actual crisis empiece a amainar.
El primer listado debe presentarse antes de finales de 2009. Y en su elaboración, la CE tomará en cuenta no sólo el impacto económico del mercado de emisiones en los costes de producción de una industria, sino también su porcentaje de venta al mercado extracomunitario y el nivel de competencia internacional que soportan.
Las fuentes consultadas indican que, por ahora, sólo la producción de aluminio parece cumplir todos los requisitos para acogerse al plan de ayudas. El resto, espera con creciente inquietud la decisión de Bruselas.
¿Qué sectores quedarán a salvo?
La presión de Alemania durante la última cumbre europea a favor de su industria obligó a la UE a seguir regalando los derechos de emisiones de CO2 a una buena parte del parque industrial comunitario. La gratuidad se mantendrá a menos que en diciembre de 2009, en la cumbre de Copenhague, se alcance un acuerdo internacional sobre reducción de emisiones al que se sumen EE UU, China e India, como mínimo.Mientras tanto, la UE ha fijado unos complejos criterios para decidir qué sectores se libran de acudir a las futuras subastas públicas de derechos de emisiones. El acuerdo cerrado el días 12 de diciembre por los 27 países de la UE concede ese privilegio a las empresas cuyo coste de producción aumente un 5% a raíz de la aplicación del directiva del mercado de emisiones, siempre que su facturación dependa de manera significativa de su actividad internacional. Unos criterios demasiado vago, según la industria, que dejan la última palabra a la Comisión Europea.