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Energía

El Gobierno prepara una norma contra el fraude en las plantas fotovoltaicas

El Ministerio de Industria quiere acabar con el fraude en el sector de la energía solar fotovoltaica y ya se está dotando de los mejores mecanismos para ello. Prepara una normativa en la que plantea considerar las infracciones en los registros como delito penal por la falsificación de documentos.

El Gobierno prepara una norma contra el fraude en las plantas fotovoltaicas
El Gobierno prepara una norma contra el fraude en las plantas fotovoltaicasBLOOMBERG

Guerra a muerte al fraude en las plantas solares fotovoltaicas. El Ministerio de Industria prepara una normativa para dotarse de mecanismos legales con los que evitar que las instalaciones que no cumplieran con todos los requisitos de la anterior regulación, el Real Decreto 661/2007, se hayan inscrito fraudulentamente bajo esta norma y cobren las primas que otorga, mucho más beneficiosas que las que señala la actual regulación, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre. Industria considera, según fuentes cercanas al Gobierno, que estos fraudes 'van más allá de la simple sanción administrativa, del pago de multas. Para hacer fraude es preciso falsificar los documentos de inscripción, con lo que estaríamos hablando de delito penal'. Las fuentes prevén que la norma esté lista a mediados de enero.

Dado que las investigaciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) han constatado que existe una significativa bolsa de fraude en el sector, el ministerio 'va a actuar en un doble frente: por un lado, ha dado las correspondientes instrucciones a la CNE para que continúe su labor de inspección y está preparando la nueva norma, a la que dará el mayor rango jurídico, para perseguir y castigar el fraude', afirmaron fuentes cercanas al Ejecutivo. De hecho, el pasado 11 de diciembre la CNE hizo público que ampliaba la investigación por fraude hasta 4.189 instalaciones fotovoltaicas, agrupadas en 1.447 huertos solares.

El método para comprobar la realidad que utilizará el ministerio se basa en solicitar datos a Aduanas y a Hacienda para constatar si los paneles importados o comprados en el país se corresponden con los que los promotores fotovoltaicos dicen haber puesto en funcionamiento. El objetivo de esta comprobación es determinar si, como se sospecha, la suma de la fabricación española de paneles con la cifra de placas importadas es menor que los paneles declarados e inscritos.

El Ministerio, en caso de probarse el fraude, 'tiene capacidad jurídica para actuar tanto contra sociedades probadas como contra instituciones públicas', señalaron las fuentes cercanas que aseguraron que Industria 'no dudará en hacer uso' de esta potestad. Dentro de la normativa, el ministerio prevé formar equipo con las Comunidades Autónomas para llevar adelante esta 'campaña de limpieza' contra el fraude.

Beneficia al sector

Fuentes empresariales y gubernamentales coinciden en señalar que la detección y castigo del fraude 'beneficia al sector, que no debería dejar que las sospechas de fraude le acompañen los próximos años, y sobre los contribuyentes, que no tienen por qué pagar los millones de euros que habrían de abonar a los defraudadores'. El sector está muy necesitado de esta limpieza porque necesita 'grandes dosis de credibilidad'.

De hecho, la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) pidió el lunes a Industria que sacase del régimen especial a las plantas que estuvieran indebidamente inscritas por la anterior regulación. Es decir, que las irregulares no tengan derecho a ninguna prima sino que vendan su electricidad a precio de mercado, un precio variable mucho más bajo que los 32 euros por MW que cobran por la prima de la nueva norma.

Retira el retraso a las primas

El Ministerio de Industria confirmó ayer que el texto definitivo de la orden ministerial por la que modifica las tarifas eléctricas desde enero de 2009 no incluirá cambios en los plazos para que las plantas fotovoltaicas sepan si están inscritas regularmente en los registros obligatorios y cobran su prima.El borrador de la orden de tarifas retrasaba hasta marzo la fecha en la que se harían públicas las inscripciones en los registros frente a la fecha establecida en el decreto para la industria fotovoltaica, que señalaba el 16 de enero. Asif, una de las patronales del sector señalaba el miércoles 'el sector lleva parado desde el verano a la espera de conocer estas inscripciones, para saber si tiene derecho a prima o no. Ya se han perdido 10.000 empleos desde entonces. Un nuevo retraso sería la puntilla'.

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