Granados reitera el rechazo frontal de España a la directiva de las 65 horas
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granados, reiteró hoy que el Gobierno mantiene su rechazo "frontal" a la directiva europea que permitiría ampliar hasta un máximo de 65 horas semanales la jornada laboral, ya que perjudica la competitividad de las empresas.
Granados, que compareció ante la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado, respondió así a la pregunta del senador del grupo mixto Arturo Bagur sobre las medidas que llevará a cabo el Gobierno contra la citada directiva propuesta por el Parlamento Europeo.
La Eurocámara, que se pronunciará el próximo miércoles sobre el texto, puede dar el visto bueno definitivo o, si aprueba modificaciones, forzar una negociación con los Estados miembros, que pactaron la directiva con la oposición de países como España. El secretario de Estado de Seguridad Social explicó que las negociaciones no están siendo "nada pacíficas", porque existen discrepancias entre los estados desde el año 2003.
Aseguró que algunos países son partidarios de poner fin a la jornada laboral de más 48 horas, mientras que otros, la mayoría, defienden la posibilidad de seguir superando ese tope de manera indefinida. Añadió que el Gobierno está reforzando los contactos con otros estados miembros para aglutinar una posición común que esté acorde con las necesidades de los trabajadores españoles, sobre todo, los de algunos sectores como el sanitario, que se verán afectados "directamente" por esta directiva.
Resaltó que seguirán trabajando y que confían en que la posición de España en el Consejo Europeo sirva como un "punto de equilibrio razonable" para buscar una solución de consenso entre la mayoría del Consejo y el dictamen del Parlamento. Si no es así, el Gobierno "lógicamente" acatará la decisión, aunque no la comparta, concluyó.
Estaba previsto que el secretario de Estado de Seguridad Social respondiese a varias preguntas del PP relacionadas con el desempleo, pero no ha sido posible debido a la ausencia del senador. Por otro lado, la Comisión de Trabajo e Inmigración aprobó dos mociones presentadas por el grupo Mixto y CIU.
La primera insta al Gobierno a adoptar medidas para combatir el incremento del paro motivado por el descenso de la actividad en el sector de la construcción, tales como la reducción en la cotización de la Seguridad Social a aquellas empresas que contraten a trabajadores en paro.
La segunda insta al Ejecutivo a que clarifique la forma en que se han de computar, a efectos de años cotizados a la Seguridad Social, los períodos en los que los miembros de las corporaciones locales se dedicaron exclusivamente a esta función, antes de ser incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social.