La crisis frena las ejecuciones por pena de muerte en EE UU
La crisis financiera ha puesto en un brete al sistema judicial de EEUU, que tiene problemas para seguir financiando las ejecuciones de convictos, lo que ha derivado en una reducción en estos castigos en 2008.
El año pasado, según informó hoy el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (CIPM), se llevaron a cabo 37 ejecuciones (26 de ellas en Texas), cinco menos que en el año anterior y 51 menos que en 1999.
Aunque levemente, también se redujo el número de convictos que espera la ejecución en los corredores de la muerte del país, que albergan ahora a 3.309 convictos, frente a 3.350 en 2007 y 3.549 en 1999.
Procesos judiciales muy caros
Según explicó CIPM, los casos de pena de muerte exigen enormes gastos, especialmente en los de condenados a muerte que muchas veces exigen repetir sus procesos judiciales.
Según la Comisión para la Administración de Justicia de California, ese Estado, donde 670 convictos esperan ejecución, gasta alrededor de 138 millones de dólares en la aplicación de la pena de muerte y necesita otros 95 millones de dólares para reparar un sistema "disfuncional" y "al borde del colapso", según sus miembros.
Para mantener en los corredores de la muerte a los convictos, el estado gasta alrededor de 90.000 dólares anuales más por cada condenado a la máxima pena que si se tratara de un presidiario común. Y ese condenado a muerte tiene que esperar como media unos 4 años antes de presentar su primera apelación. En todo el país la media de espera entre la condena y la ejecución es de 12,7 años, según CIPM.
Para Jeanne Woodward, ex directora del Departamento de Rehabilitación de California y ex alcaide de la prisión de San Quentin, la solución sería la derogación del castigo. "Si condenamos a los peores criminales a un confinamiento permanente, los recursos que aplicamos en la pena de muerte podrían utilizarse para investigar homicidios, modernizar los laboratorios de investigación y aumentar los programas de prevención de la violencia", indicó.
Falta de financiación
La situación económica también es difícil en Nuevo México, donde las autoridades judiciales advirtieron de que tendrán que abandonarse los casos de pena de muerte si su Asamblea Legislativa no proporciona fondos para financiar la defensa de acusados indigentes.
Una situación similar ocurre en el estado de Utah, donde su Tribunal Supremo anunció que rechazaría todas las condenas a muerte si no se recibían recursos para financiar las apelaciones.
Por otra parte, aunque el apoyo a la pena capital sigue siendo mayoritario, ese respaldo registró una nueva disminución y ahora es de 64%, según reveló una encuesta en octubre pasado.
Tras ser restablecida por el Tribunal Supremo en 1976, el apoyo a la pena de muerte era de más de 80%, pero ya en 1999 bajó a 71%, y en 2007, al 69%, señaló CIPM.