Las islas Marshall y las Seychelles, los paraísos fiscales más atrayentes

En el mundo existen en torno a una treintena de países que pueden considerarse paraísos fiscales. Las islas Seychelles y las Marshall son los territorios que exigen menos requisitos para ubicar una empresa, según un estudio del sindicato de Técnicos de Hacienda.

Si uno teclea en el buscador de Google las palabras Seychelles y business, aparecen en la pantalla una multitud de compañías que ofrecen asesoramiento para abrir una sociedad en la paradisiaca isla. Algunos de los enlaces ofertan crear una empresa sin necesidad de viajar hasta el Índico. Los maletines llenos de dinero cruzando fronteras son una imagen del pasado ya superada.

Los paraísos fiscales suelen tener una legislación específica para atraer compañías foráneas (con muy bajos costes de constitución de sociedades), y los beneficios empresariales no tributan. Algunos alivian incluso más estas condiciones. En las islas Marshall, en el Pacífico, la constitución de una empresa no acarrea el pago ni de un sólo dólar en impuestos. Y en el caso de las Seychelles, una sociedad con capital social inferior a 100.000 dólares, paga sólo 100 dólares al constituirse. Si su capital supera esa cantidad, abona 1.000 dólares para obtener la licencia de actividad. Bahamas, las Islas Caimán o Bermudas son otros territorios que ofrecen condiciones similares, pero obligan a pagar impuestos anuales, aunque muy bajos.

Con todo, lo más valorado no es tanto la baja tributación como la confidencialidad. Así, la mayoría de paraísos fiscales no obliga a depositar en un archivo público información sobre los accionistas de empresas extranjeras. Es más, en Malta, la Isla de Nevis o en las Antillas, la legislación prevé fuertes multas y penas de hasta tres años de prisión por publicar el nombre y datos de empresarios extranjeros.

'Los evasores fiscales suelen crear sociedades pantalla en estos territorios offshore', explica el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. Es decir, empresas cuyo único fin es ser receptoras de dinero que ha eludido los impuestos en el país de origen. Gestha incluye en su lista a Irlanda, un país que aunque tiene un impuesto de sociedades muy reducido (12,5%), no suele calificarse como paraíso fiscal. De hecho, la OCDE soló considera paraíso fiscal 'no cooperante' a Andorra, Mónaco y Liechtenstein. Berlín ha pedido ampliar esa lista a Suiza.

Andorra y Gibraltar son los paraísos más cercanos a España, según este informe. Si bien las leyes andorranas exigen para abrir allí una empresa, que al menos uno de los socios debe ser de este estado y poseer como mínimo el 67% del capital. Para las personas físicas, Andorra garantiza el secreto bancario.

Pero la actual crisis económica ha servido de acicate para que los Estados refuercen su cooperación contra los territorios offshore. Los líderes reunidos en la cumbre del G-20, celebrada en noviembre en Washington, se comprometieron a adoptar medidas para erradicar los paraísos fiscales, que, según el FMI, aglutinan una cuarta parte de la riqueza privada de todo el mundo.

Alemania choca contra la UE en su cruzada contra la evasión de impuestos

El caso Liechtenstein, donde se descubrieron cuentas secretas de más de mil alemanes, empujó a Berlín a liderar un cruzada para endurecer la legislación contra la evasión fiscal en el marco de la Unión Europea. Sin embargo, las modificaciones en el ámbito fiscal requieren de la unanimidad de los Estados miembros. Ello ralentiza cualquier intento de avance en este sentido.La directiva de fiscalidad del ahorro, que entró en vigor tras años de discusiones en 2005, obliga a los Estados miembros a intercambiar información fiscal entre sí. No obstante, los países con secreto bancario de la UE -Bélgica, Austria y Luxemburgo- lograron sortear esa medida y, a cambio, aplican una retención sobre los depósitos de no residentes que envían al Tesoro de los países de origen. La misma medida adoptaron países no comunitarios como Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza.Los expertos coinciden en que se trata de una ley de mínimos con múltiples lagunas: sólo grava los rendimientos del ahorro y excluye las pensiones, los seguros y los pagos de dividendos. Y sólo se aplica a las personas físicas y no a las sociedades.