La obra municipal pagada con el fondo estatal se cobra en 30 días
Las empresas que sean contratadas por los ayuntamientos con cargo al nuevo Fondo Inversor Local para el Empleo que acaba de crear el Gobierno cobrarán en un plazo máximo de 30 días desde la fecha de expedición de las certificaciones de obra. La medida ayudará a dotar de liquidez a las contratistas, a la vez que se crearán en torno a 300.000 empleos, según cálculos de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.
El nuevo fondo estatal, dotado con 8.000 millones de euros a cargo de emisiones de deuda del Estado, se gastará con la máxima rapidez posible 'para que tenga su máximo efecto en la creación de empleo'. La ministra Salgado detalló ayer que se han dado instrucciones para agilizar todos los plazos de ejecución. Así consta en el real decreto por el que se crea este fondo, que fue publicado ayer por el BOE.
Los ayuntamientos y mancomunidades deberán presentar las solicitudes para la financiación de proyectos entre el 10 de diciembre y el 24 de enero. Los trámites se deberán realizar por vía electrónica a través de la web del Ministerio de Administraciones Públicas (www.map.es). Las subdelegaciones del Gobierno verificarán que los proyectos cumplen las condiciones (básicamente que se cree empleo a través de proyectos de inversión nuevos) en un plazo no superior a 10 días. En otros diez días, el Ministerio dictará la resolución de autorización para la financiación de los proyectos, que será publicada en la web del Ministerio. Todo esto permitirá acelerar los plazos de ejecución con el ánimo de que las obras se realicen 'a lo largo de 2009'. Queda la posibilidad de alargar este plazo hasta el tercer trimestre de 2010, aunque deberá justificarse.
Los ayuntamientos estarán obligados a abonar a los contratistas el precio de las obras 'dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la expedición de obra o de los correspondientes documentos que acrediten la realización del contrato en los plazos establecidos'. Este hecho es de suma importancia, ya que muchas empresas que realizan obra pública sufren de retrasos considerables en el cobro de facturas expedidas por la administración (más de 200 días) lo que estrangula sobremanera su negocio, según fuentes de la patronal Seopán. El Gobierno ayudará a que los fondos lleguen también pronto a los municipios. El 70% del coste de cada proyecto será recibido tras la adjudicación de las obras. El 30% restante, al final de la misma.
El Gobierno cuenta con que la financiación llegue a 'todos los municipios de España', según Salgado, no sólo a los grandes. Por ello, el reparto de los fondos se hace en función de la población y para financiar pequeñas inversiones (hasta 5 millones de euros cada una). La obra pública podrá ser de lo más heterogénea. Va desde la rehabilitación pasando por la supresión de barreras arquitectónicas, prevención de incendios o promoción del turismo.
Eso sí, la Intervención General del Estado (IGAE) controlará que cumplen con los requisitos básicos (no se puede financiar gasto corriente, sólo inversión nueva no incluida en los Presupuestos de 2009 y se debe utilizar como mano de obra a inscritos en oficinas de desempleo). El ayuntamiento que no cumpla deberá devolver la financiación.
Chaves añade 360 millones para los entes andaluces
Andalucía tirará de endeudamiento para sumar 360 millones de euros extra al fondo de 1.400 millones que recibirán los ayuntamientos andaluces del plan de incentivos aprobado por el Gobierno central. Según anunció ayer el presidente Manuel Chaves, este doble presupuesto para obras públicas permitirá la creación de 40.000 empleos en la comunidad. El presidente aclaró que este nuevo esfuerzo inversor deja todavía el endeudamiento de la Junta por debajo del 1% y supone el cuarto plan puesto en marcha por su Ejecutivo para afrontar la crisis. La nueva dotación a cargo de los Presupuestos de 2008 se aprobará mediante un decreto ley en el Consejo de Gobierno del próximo martes y posteriormente será tramitado por vía de urgencia en el Parlamento. El plan, denominado Programa de transición de empleo, irá destinado a la formación y al fomento del empleo en los municipios con mayor número de desempleados y en los que se haya producido mayor incremento del paro, que deberán, junto con las diputaciones provinciales, gestionar este programa mediante concursos públicos. A diferencia del plan de inversión aprobado por el Gobierno central, el paquete acordado por la Junta no sólo tendrá la población como criterio, sino también el paro en cada municipio. Se dará prioridad a las pymes en la adjudicaciones de estas obras.