La máquina estatal se pone en marcha
El crac de 1929 y la posterior depresión de los años treinta se están empleando a menudo como referente para la actual crisis económica de final todavía incierto. Pero son muchas las diferencias. En primer lugar, una amplia red de cobertura social inexistente entonces y, en segundo término, una cooperación entre los distintos Gobiernos, que no tuvo lugar durante la Gran Depresión y que terminó dilatando la crisis y retrasando la solución. Ahora, la máquina estatal se ha puesto en marcha a tiempo, aunque el grueso de las decisiones siguen tomándose a nivel nacional, en lugar de consensuarse.
Esta semana ha sido prolija en actuaciones públicas, algunas más difusas que otras. En lo que respecta a los mercados financieros, la organización internacional de supervisores, Iosco, ha anunciado la creación de tres grupos de trabajo que propondrán el año que viene una nueva regulación para poner coto a la actividad de los hedge funds, controlar los mercados de derivados y supervisar productos financieros estructurados que hasta ahora escapaban a la legislación. Iosco, sin embargo, ya insistió en vísperas de la cumbre del G-20 que las decisiones finales serían tomadas de forma individual por cada supervisor nacional.
En el terreno político, Reino Unido ha vuelto a tomar la delantera al resto de socios de la UE al anunciar un plan fiscal valorado en 20.000 millones de libras (unos 24.200 millones de euros), centrado en una rebaja del IVA. El responsable del Tesoro, Alastair Darling, también ha avisado de que el déficit público será del 8% en 2010.
Así, los británicos se alejan y muchos de los integrantes de la eurozona, constreñidos por el Pacto de Estabilidad, que limita el déficit público al 3%. Alemania y Francia se han unido para rechazar el recorte del IVA, con lo que se adivina un nuevo frente de conflicto en la UE. Bruselas ha sentado unas directrices generales, que incluyen una financiación de 5.000 millones para la baqueteada industria del automóvil. En principio, la factura de la ayuda se repartirá a tres bandas: el presupuesto comunitario, los recursos del Estado y la propia industria.
Mientras, EE UU remienda su plan de rescate. La misma semana en que Barak Obama presentaba a su futuro secretario del Tesoro, Tim Geithner, la Fed y el Tesoro anunciaban un plan millonario de 800.000 millones.
España. La clave es la obra pública
Doctrina keynesiana para combatir la crisis en España. El Consejo de Ministros aprobó este viernes dos fondos extraordinarios equivalentes al 1,1% del PIB. El Fondo de inversión municipal estará dotado con 8.000 millones de euros y su misión será financiar obras municipales de nueva planificación y ejecución inmediata. Se primarán los proyectos que generen más empleo y se exigirá que el personal contratado esté en paro. El plazo para presentar solicitudes termina el 20 de enero. Se pretenden crear 200.000 puestos de trabajo. El Ejecutivo ha aprobado también un fondo de 3.000 millones para actuaciones como automoción, medio ambiente e I+D entre otros. Creará 100.000 empleos.
UE. Coordinación fiscal
La receta de la Comisión Europea pasa por un plan de estímulo fiscal cuya responsabilidad recae casi por completo en los distintos Gobiernos de la UE. Bruselas propone que durante los próximos dos años los países de la Unión canalicen hasta 170.000 millones en forma de rebajas en los impuestos directos e indirectos e incentivos fiscales.La Comisión acelerará además la disposición de otros 30.000 millones adicionales que corresponden a presupuestos aprobados en 2006. El objetivo de la Comisión es armonizar las políticas fiscales, después de que Reino Unido comenzase la guerra este lunes al recortar el IVA del 17,5% al 15%. Alemania y Francia han manifestado su oposición a rebajar el IVA.
EE UU. Remiendo del 'Plan Paulson'
El atasco monumental del mercado de crédito estadounidense ha secado ya el Plan Paulson, la Ley de Emergencia de Estabilización Económica (TARP), dotada con 700.000 millones. La Casa Blanca anunció el martes un nuevo proyecto de 800.000 millones, destinado a financiar títulos ligados a créditos inmobiliarios y de consumo y a comprar deuda de las agencias hipotecarias Freddie Mac, Fannie Mae y Ginnie Mae. La Fed será la encargada de ejecutar el plan. Mientras, el TARP ya no se destinará a adquirir activos tóxicos. El Gobierno Bush ya ha usado la casi totalidad de los 350.000 millones que tenía asignados y plantea solicitar al Congreso el resto, destinado en principio para la siguiente Administración.