Industria descarta reformular la 'ley Rato' para impedir la entrada de Lukoil
El ministerio de Industria descartó ayer a través de una nota que el Gobierno se haya planteado reformular la llamada 'ley Rato' para tratar de impedir la entrada de Lukoil en el accionariado de Repsol. Por su parte, Solbes aseguró que la posible compra de un porcentaje de Repsol por la petrolera rusa es un tema de empresas privadas 'y esas cuestiones se quedan entre empresas privadas'.
El Ministerio de Industria aclaró ayer que en estos momentos no se está planteando ninguna modificación legislativa para impedir operaciones financieras entre empresas privadas.
El departamento que dirige Miguel Sebastián difundió un comunicado para explicar que el Gobierno no está considerando reformular la conocida como ley Rato en relación el interés de la empresa rusa Lukoil en entrar en el accionariado de Repsol con una participación cercana al 30%.
Industria sale así al paso de algunas informaciones que habían especulado con la posibilidad de realizar una modificación legislativa que impidiera la entrada de la empresa rusa, que ha suscitado ciertos recelos debido a que a pesar de tratarse de una empresa privada tiene fuertes conexiones con el gobierno ruso.
La ley Rato, facultaba al Gobierno para pronunciarse sobre la adquisición por parte de grupos extranjeros de más de un 3% del capital de una empresa energética española. La citada norma fue declarada ilegal en febrero por el Tribunal de la Unión Europea, que entendió que la ley podría disuadir a las entidades públicas establecidas en otros Estados miembros para adquirir participaciones en las empresas españolas que operen en el sector energético.
Empresas comparables
Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, manifestó durante la celebración de la segunda jornada anual de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que en el caso de una eventual entrada de la petrolera rusa Lukoil en el capital de Repsol se trataría de un asunto de empresas privadas y que estas cuestiones 'se quedan entre las empresas privadas'.
El ministro de Economía explicó que al Gobierno 'le gustan más' las empresas de países que cuentan con sistemas de mercado 'más comparables' al español y en los que existen más elementos de reciprocidad refiriéndose al mercado ruso.
Solbes, que aseguró que no le consta una posible ayuda por parte del Gobierno a Sacyr reiteró que no le gusta la participación de sociedades públicas en compañías que se han privatizado y que le interesa más la presencia de empresas 'con sistemas más de mercado y con más elementos de privacidad'.
También se manifestó respecto a la posible entrada de Lukoil en Repsol el anfitrión de las jornadas en las que participó Solbes, Luis Berenguer, presidente de la CNC que aseguró no tener mucho que decir sobre esta eventual compra 'y menos si se trata de una operación que tenga en su caso que ser sometida al procedimiento de control de concentraciones. En el caso de que se produjera la operación y se notificara y que además fuera competencia nuestra y no de la CE, entonces daríamos nuestra opinión por escrito'.
De la misma forma que el ministro de Economía, el presidente de la CNC se mostró 'poco partidario' a la entrada de empresas con carácter público en el accionariado de compañías privadas. Sin embargo, Berenguer, que añadió que no tenía suficientes datos para saber si Lukoil es una empresa pública o asimilada, sí insistió en recordar que el Tribunal de la Unión Europea anuló la acción de oro 'y ha asegurado muchas veces en que en el Tratado de la UE no hay una diferencia esencial entre empresas públicas y privadas, aunque eso es algo que podría revisarse', concedió.
Minoritarios
La OCU pidió ayer al Ministerio de Economía y a la CNMV que defiendan al accionista minoritario y exijan al grupo interesado en comprar hasta un 30% de Repsol que lance una opa por la petrolera de la que puedan verse beneficiados todos los inversores.
UGT y CC OO abogan por la intervención estatal
El secretario general de FIA-UGT, Antonio Deusa, insistió ayer en la idea de que el Gobierno controle y regule en parte el sector energético. Deusa puso de manifiesto la discrepancia que, al respecto, existe entre UGT y el Gobierno porque, en opinión del sindicato, y dentro de la crisis económica actual, abordar la estabilidad empresarial de 'alguna de las empresas significativas para el tejido productivo nacional' puede justificar la intervención pública. Por su parte, el secretario general de CC OO, José María Fidalgo, se mostró partidario de la intervención del Estado en la venta del paquete accionarial de Repsol para apoyar la aparición de algún 'actor nacional'. 'Sabemos que estamos en un libre mercado, pero también que no todos los países respetan igual las reglas del libre mercado', apuntó el líder sindical.