Los proveedores de las constructoras exigen garantías de ley para cobrar en 30 días
Los fabricantes de materiales de construcción sostienen que el pendiente de cobro actual alcanza los 30.000 millones de euros, dos tercios de su facturación anual, ya que los suministros se cobran en un promedio de más de 210 días. Por ello, exigen al Gobierno que garantice por ley periodos de pago a 30 días, ya que de lo contrario muchas compañías no podrán continuar con el abastecimiento.
La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco) dijo ayer basta. Su presidente, Rafael Fernández, explicó cómo la situación de estrangulamiento que sufren las empresas suministradoras se encuentra al límite de sus posibilidades. 'Están sometidas al doble esfuerzo de fabricar y enviar los productos que les contratan las constructoras sin ningún tipo de cobertura de riesgo y, a la vez, soportan la tensión de tesorería que supone cobrar a más de 210 días. Y todo, con la posibilidad, cada vez más real, de que el cobro no llegue a producirse', explicó Fernández.
Dada esta coyuntura, desde la patronal no hay duda. 'Si los avales del Gobierno no pasan del sector financiero a la economía real, muchas empresas no podrán continuar con los suministros y esto puede provocar que la poca actividad constructora que queda se paralice por completo, incluidas las obras de infraestructura más emblemáticas'. La situación actual, según admiten en Cepco, da miedo. 'Finalizamos 2007 con un plazo medio de pago de 210 días, pese a que las facturas se firman a 180. En verano ya calculamos que se había incrementado a 230 días y ahora nos vemos incapaces de hacer una estimación', aseguró Rafael Fernández.
30.000 millones de deuda
La patronal impugna el concurso licitado por Madrid que fija el pago en dos años
Dado lo dilatados que están siendo los plazos de pago, el volumen pendiente de cobro no hace sino aumentar. Las últimas estimaciones realizadas por esta patronal, que engloba a más de 5.000 empresas y 500.000 trabajadores, elevan la cifra hasta los 30.000 millones de euros, dos tercios de la facturación total anual del sector. Pero al margen de los números agregados, lo peor es que en crisis anteriores las empresas podían obtener liquidez negociando con los bancos un adelanto de las facturas pendientes de cobro. 'Hoy eso no es posible porque las entidades ya no se creen que quienes emiten las facturas vayan a pagarlas, incluidas las administraciones públicas', resaltó el máximo responsable de Cepco.
¿Cómo solucionar entonces la falta de liquidez de las empresas? En la patronal de los suministradores admiten que no es tarea fácil. Además de los avales que se han puesto en marcha a través de institución es públicas como el Instituto de Crédito Oficial, los fabricantes de materiales abogan por elaborar una ley que garantice que todas las empresas y el sector público van a pagar las facturas en un plazo máximo de 30 días.
'æpermil;sa sería una de las medidas de carácter estructural que tanto se comenta estos días que hay que poner en marcha para superar la crisis económica'. En esta línea, Fernández anunció ayer que Cepco impugnará el concurso licitado por el Ayuntamiento de Madrid que, como adelantó CincoDías, establece un periodo de pago de la obra de 730 días. 'Hay empresas que si no logran recomponer pronto su circulante, tendrán que dejar de pagar las nóminas', advirtió.
Los promotores reclaman al Gobierno que compre activos inmobiliarios
El presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España, José Manuel Galindo, reclamó ayer al Ejecutivo que utilice el Fondo de Adquisición de Activos Financieros para comprar también activos inmobiliarios que luego se podrían destinar al alquiler.En el marco de una jornada celebrada ayer en Madrid sobre la crisis del sector, Galindo pidió también la mejora de la capacidad de acceso de las familias a la compra de casas. Para ello, sugirió la posibilidad de que los hogares que carezcan del ahorro necesario para pagar la parte del precio del piso que no cubre el préstamo hipotecario, normalmente un 20% del valor de tasación, puedan suscribir una segunda hipoteca por esa cantidad u otro tipo de crédito avalado por el Estado. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, encargada de clausurar el debate, contestó a Galindo que, por el momento, la compra de activos inmobiliarios no entra en los planes del Gobierno.Otra de las propuestas presentadas ayer por los promotores incidió en la reforma parcial de la ley de sociedades anónimas, según la cual cuando los recursos propios de una empresa se sitúan por debajo del 50% del valor de sus activos, dicha compañía estaría en situación de insolvencia. La patronal APCE alerta que ante la actual coyuntura, muchas empresas se van a ver en serias dificultades por esa premisa. Por ello, piden cambios y uniformidad en los criterios de valoración.