Rebajas arancelarias de notarios y registradores
A finales de junio el presidente del Gobierno anunció unas medidas para reactivar la economía. Algunas se referían al sistema de seguridad jurídica preventiva articulado sobre notarías y registros. Algunos medios han informado que consistirán además de en la ya anunciada rebaja del 20% en el arancel, en una penalización económica del 70% para quien no ponga de modo efectivo a disposición de los usuarios medios de tramitación telemática de los documentos públicos. Las rebajas arancelarias no son nuevas, ya el Gobierno de Aznar las realizó en dos ocasiones. Salen gratis y socialmente son bien recibidas porque la creencia generalizada es que notarios y registradores cobran mucho por poco.
Quizá parte de responsabilidad en ese prejuicio la tengan los propios afectados por esa aura de solemnidad procedimental que han creado durante décadas. Pero el hecho objetivo es que el sistema de seguridad jurídica extrajudicial español no sólo es comparativamente eficaz y ahorra enormes costos de litigiosidad a esa misma sociedad que lo mira sin verlo, sino que, en relación con el sistema administrativo nacional, es la auténtica joya de la corona del Ministerio de Justicia por cuanto son las únicas instituciones de él dependientes que no acumulan retrasos endémicos, que no generan masivas quejas de los ciudadanos y que están totalmente informatizadas e interconectadas entre sí. Una nota simple informativa se puede obtener hoy en dos horas desde cualquier ordenador conectado a internet sin que semejante prodigio le haya costado un euro al erario público. Pero ni los propios jueces pueden conocer por el mismo medio el estado de tramitación de un pleito o que una sentencia está pendiente de cumplimiento.
Conviene recordar que no existe un sistema informático común para juzgados y tribunales, que el Gobierno ha sufrido recientemente una huelga de secretarios judiciales y un plante encubierto de jueces y magistrados debido a la carencia de medios materiales y humanos que sufren en su trabajo, que la mayoría de los 8000 registros civiles están sin informatizar, siendo además el Registro Civil el órgano del Ministerio que mayor número de quejas acumula al año ante el Defensor del Pueblo por sus demoras e ineficacia, y que la legislatura pasada fue la del fracaso de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que pretendía descargar los juzgados trasladando competencias a notarios y registradores en expedientes no conflictivos. Conviene recordar, por último, que sólo en los registros no solo trabajan los registradores sino 15.000 profesionales cualificados que no cargan su sustento en el presupuesto público sino sobre los ingresos que ellos mismos generan.
Todo esto conviene tenerlo en cuenta en el debate arancelario. El problema es que no ha habido debate sino que se ha partido de un prejuicio. No se ha analizado el coste-beneficio del sistema para calcular la rebaja generalizada por unos servicios que requieren tanto prestación intelectual (examen jurídico que dota al título de presunción de legalidad y autenticidad) como material (toma de razón, publicidad formal, organización del archivo y notificaciones). Por eso, no se puede estar de acuerdo con una medida que afecta a un sector vital de nuestra economía: la seguridad jurídica de las hipotecas españolas y su ejecutabilidad sin oposición ni demoras. Algo que la reciente crisis hipotecaria ha demostrado más que importante.
Ahora bien, en cuanto a la segunda parte del proyecto gubernamental, la sanción del 70% para quien no tramite telemáticamente, no se puede ser más acertada. En una sanción no se valora su efecto económico, sino su eficacia disuasoria, su estímulo para que el incumplidor modifique su comportamiento. Dejar en manos de los consumidores el derecho a obtener rebajas sustanciales en las facturas del 70% sí es un incentivo económico eficaz para forzar el cambio tecnológico. La medida propuesta es además absolutamente necesaria para asegurar el cumplimiento de la Ley de Administración Electrónica, que reconoce el derecho de los administrados a relacionarse telemáticamente con todas la administraciones públicas. El problema, de nuevo, no está en registros o notarías. Lo que se tiene que conseguir a partir de ahora es que el progreso tecnológico que tan vigorosamente preconiza el Gobierno se extienda a todas las administraciones y a todas las personas relacionadas con la seguridad jurídica, para que, por ejemplo, los juzgados o los ayuntamientos usen las mismas herramientas tecnológicas que los notarios y los registradores. Los mandamientos de embargo o las sentencias declarativas de derechos no tienen por qué quedar postergados en su acceso electrónico respecto de las escrituras públicas.
José Antonio Miquel Silvestre. Registrador