Buenas intenciones
El sábado hablaba en estas misma páginas de expectativas. Ahora tocan las realidades. La reunión se cerró con un comunicado que incluía un conjunto amplio de objetivos y un Plan de Acción. Asistentes y medios han acogido el resultado con optimismo, pero la lectura detallada del comunicado deja una cierta desilusión: si bien la lista de reformas regulatorias e institucionales sobre las que los países se comprometen a trabajar es amplia, los compromisos que se aplicarán con carácter inmediato son pocos. Las intenciones son buenas, pero para evaluar el éxito o fracaso habrá que esperar a que se concreten o no.
En el comunicado, los firmantes se hacen por primera vez coresponsables de la situación económica actual. Así, el comunicado señala que 'las autoridades, reguladores y supervisores de algunos países desarrollados no apreciaron, ni advirtieron adecuadamente de los riesgos de la innovación financiera...' para continuar señalando que 'importantes causas subyacentes de la situación actual fueron, entre cosas, las políticas macroeconómicas insuficientes e inconsistentemente coordinadas, ' Este mea culpa es un buen punto de partida.
Casi el único compromiso con carácter inmediato se refiere a la necesidad de realizar un estímulo coordinado monetario y fiscal (de disciplina fiscal a medio plazo). Pero este compromiso va poco más allá de una declaración de intenciones, porque no se incluyen detalles sobre su implementación ni se especifica si los países con cuentas corrientes saneadas realizarán un mayor esfuerzo fiscal. El Gobierno británico, que es el que con mayor insistencia ha defendido esta idea, tiene importantes dificultades para soportar este mayor esfuerzo fiscal: un abultado déficit por cuenta corriente y una moneda en caída libre. El comunicado señala además el compromiso de rechazar medidas proteccionistas, así como la aspiración común a alcanzar un acuerdo en la Ronda de Doha antes de fin de año. También defienden el papel del FMI en la gestión de la crisis, y reconocen la necesidad de dotar a los países con mayores dificultades de financiación externa de recursos suficientes. Pero, a pesar de la urgencia de llevar a cabo estas medidas, no se ha alcanzado un acuerdo para la capitalización del FMI. De hecho, puede que muy pronto sea incapaz de atender a las demandas de ayuda de distintos países, con su dotación de recursos.
El comunicado recoge unos objetivos a medio plazo de reformas institucionales y regulatorias, para incrementar la integridad de los mercados financieros, aumentar la transparencia y la responsabilidad, mejorar la regulación y fortalecer la cooperación. Es un éxito el acuerdo unánime sobre la necesidad de reformar el FMI para dotarlo de mayor representatividad de acuerdo con la nueva realidad económica actual. Pero aquí de nuevo se echa en falta concreción. Reformar sí, ¿pero en qué dirección? ¿Con qué nuevas potestades? ¿Cómo se concretará este consenso?
Los principios aceptados para la reforma del mercado financiero se acompañan de un Plan de Acción, que debe concretarse antes del 30 de marzo para ser discutido por el G-20 a finales de abril. Los objetivos son amplios: la revisión de principios contables, la reflexión sobre las normativas nacionales, la necesidad de supervisión financiera, requisitos sobre las agencias de calificación crediticia, posibles mejoras en la gestión de riesgo, etc No obstante, parece que el Plan pide que cada país realice una reflexión nacional, y renuncia (de forma implícita) a acuerdos globales.
Se han recogido muchas propuestas, pero ha hecho falta sacrificar acuerdos de cesión de soberanía regulatoria a favor de una institución supranacional, sin la cuál será difícil mitigar los problemas de riesgo moral que han estado en el origen de la crisis.
Juan Toro. Socio-director de Transmarket Spain