La capitalización de bancos y cajas debe suscitar 'confianza' antes de abril

La fecha límite del 31 de marzo de 2009 impuesta para la toma de algunas medidas económico-financieras en la cumbre de Washington, marca sin duda a las entidades financieras españolas. El Banco de España deberá decidir si éstas necesitan más capital, tal como se desprende de la lectura del documento pactado.

Hoy por hoy, a efectos prácticos del mercado de capitales y de la actividad bursátil, lo más relevante del documento acordado el sábado en Washington por los líderes mundiales es el plan de acción para aplicar los principios de la reforma de los mercados financieros. En este plan se proponen y determinan medidas a adoptar a corto plazo, estableciendo un límite del 31 de marzo, y otras a medio plazo.

Los reguladores bancarios, entre ellos, el Banco de España, 'deberán asegurar que las entidades financieras mantienen capital en los volúmenes necesarios para suscitar confianza' y se añade que deben fijarse 'requerimientos de capital reforzados para las actividades de créditos estructurados y titulización'.

Será, por consiguiente, el Banco de España, gobernado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien decida el grado de confianza que suscitan las entidades españolas, más fácil de determinar en el caso de las que cotizan en Bolsa, ya que el mercado ha estado castigando a aquellas con capitalización escasa.

Los bancos y las cajas españolas han utilizado en cantidades ingentes los sistemas de titulización de activos, especialmente de hipotecas, en los últimos años, y está por ver cómo les afectarán las medidas exigidas en la cumbre.

Un factor que puede jugar a favor de las entidades de crédito es que en materia contable también se reclama a las firmas de auditoría que trabajen 'para mejorar la adecuada valoración de los activos, especialmente en periodos de volatilidad'. Esto supone que la famosa medida de contabilizar los activos a 'precio de mercado' podría suavizarse y, por consiguiente, se rebajarían las provisiones, leánse pérdidas. No obstante, queda claro que la transparencia contable será el eje de control público de las entidades, y el acuerdo exige que los reguladores trabajen para garantizar que la contabilidad de las entidades 'incluya todas las pérdidas y las actividades fuera de balance'.

De la lectura de lo pactado en Washington se deduce claramente que los bancos deben asumir definitivamente sus responsabilidades, reconociendo las pérdidas, dejando de lado la mala práctica de este ejercicio, en el que los directivos pasaban de declarar que su entidad estaba sólida y con el balance limpio de activos tóxicos, a anunciar pérdidas sangrantes y ampliaciones de capital.

Curiosamente, y a pesar de que hay una coincidiencia mundial en que los multimillonarios sueldos y primas dados a los ejecutivos bancarios ha sido una de las fuentes que han originado el mal, y un clamor en pro de su regulación, el acuerdo casi se limita a señalar que 'los incentivos deben ser alineados para evitar excesivos riesgos'.

Una vez más se deja en manos de 'expertos independientes' la labor de centrar las decisiones políticas para 'revisar las prácticas compensatorias cuando están relacionadas con los incentivos por tomar riesgos e innovar', y se aboga por un 'esfuerzo voluntario' de las instituciones financieras 'para evitar esquemas de compensación con recompensas excesivas para retornos a corto plazo o riesgos elevados'.

Cerco a los paraísos fiscales

Los bancos con negocios y filiales en paraísos fiscales deberán repensarse esta actuación, teniendo en cuenta que los líderes mundiales han dejado claro que las autoridades de los diferentes países, de la Unión Europea, y de otras instituciones internacionales, deberán 'aplicar medidas para proteger el sistema financiero mundial de las jurisdicciones con falta de cooperación y de la falta de transparencia que plantean riesgos o actividades financieras ilícitas'. A las Haciendas estatales, dado el altísimo coste que esta teniendo la crisis, se les hace un guiño diplomáticos al subrayarse la voluntad de mantener el Grupo de Trabajo de Acción Financiera para luchar contra el blanqueo de dinero, y alentando a los países a seguir las directrices de la OCDE, en materia de 'promoción e intercambio de información fiscal'. Otro aspecto a destacar es el reforzamiento de la supervisión de los bancos que operan a nivel mundial, es decir transnacionales, cuya caída podría originar riesgos sistémicos.

El PP exige medidas nacionales a Zapatero

La cooperación internacional para evitar que la economía mundial entre en una era glaciar, se aprecia claramente en el documento firmado por el G-20, más España y Holanda, donde se anuncian medidas multilaterales y nacionales, pero consensuadas entre todos los participantes. La voluntad de apoyar con estímulos fiscales generalizados la demanda mundial es la gran esperanza. El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que presentará un plan el día 27 en el Congreso, y que el Consejo Europeo de diciembre, servirá para coordinar al máximo las medidas de todos los países de la Unión Europea.Al respecto, el Partido Popular reclamó ayer al Gobierno que 'debe tomar decisiones inmediatas contra la recesión', en palabras del responsable de Economía, Cristóbal Montoro.æpermil;ste insistió en que no debe esperararse a la próximo reunión del G-20, que se celebrará antes de finales de abril, porque 'la crisis de España va a seguir con nosotros, y eso significa paro y falta de competitividad', añadió. 'Estos problemas hay que abordarlos con políticas nacionales', concluyó.Los sindicatos se mostraron satisfechos de lo cosechado en la reunión de Washington, porque 'se ha tomado conciencia de la gravedad de la situación', en palabras de Manuel Bonmatí, responsable de Política Internacional de UGT. No obstante, Javier Doz, con las mismas funciones en Comisiones Obreras, considera 'insuficientes' los acuerdos, y reclama medidas para aumentar la confianza de la gente y el consumo.Por parte de la patronal, se manifestó Jesús Bárcenas, el presidente de Cepyme, que agrupa a las pequeñas y medianas empresas, para quien la cumbre del G-20 había sido 'un paso adelante', y advirtió de que tardará un tiempo en 'verse los resultados' e insistió en que 'el problema español va más allá de la crisis internacional'. Sin embargo, dio un margen de confianza al Gobierno, declarando que el plan de inversión pública que Zapatero se ha comprometido a presentar en el Congreso, 'es una medida más y por lo tanto siempre positivo'. Los empresarios estamos 'a la expectativa' de lo que pueda dar de sí, dijo.