La CNE ve anomalías en el 50% de las fotovoltaicas que ha investigado
La CNE tiene ya en su poder la inspección que ha realizado sobre 294 instalaciones fotovoltaicas (o 30 huertos solares), que supone un 5% de los 600 MW que estaban bajo sospecha, para averiguar si funcionaban antes del 30 de septiembre, lo que le permite disfrutar de una mejor tarifa. Los inspectores han detectado que sólo 13 están en situación regular, mientras al resto les faltaba la conexión o, simplemente, no existían.
Un mes después de que el consejo de la Comisión de la Energía remitiera a Industria una propuesta de inspecciones in situ a plantas fotovoltaicas (algo que le había pedido el propio ministerio ante el temor a un supuesto fraude), el regulador ya dispone de un primer informe. El texto, al que ha tenido acceso CincoDías, es contundente: de los 30 huertos solares (que suman 294 instalaciones y otras tantas actas de inspección) sólo 13 tenían la documentación y la instalación en regla y habían vertido energía a la red antes del 30 de septiembre.
En los demás casos, los inspectores han detectado incidencias: nueve tenían su instalación 'en situación correcta' pero se habían conectado a la red después de esa fecha y las ocho restantes tenían deficiencias en las propias instalaciones o en la línea de conexión a la red. Destaca el caso de un supuesto parque de Molina de Segura (Murcia) que, aunque estaba ya inscrito, 'dos máquinas estaban realizando aún una explanación' el pasado 29 de octubre, según el informe.
La investigación se ha realizado en las 17 comunidades autónomas y representa a un 5% de la potencia instalada 'en las fechas límites del mantenimiento de la antigua tarifa': 600 MW sobre un total de 1.900 MW. Con ella, el Gobierno pretende averiguar si hay plantas fotovoltaicas que, aun contando con el acta de puesta en marcha (que otorgan los gobiernos autónomos a través del registro correspondiente) no tenían sus instalaciones en regla ni se habían conectado a la red antes del 30 de septiembre. Y es que este hecho puede tener importantes consecuencias económicas. El real decreto 1578/2008 de septiembre reduce sustancialmente las primas a la energía fotovoltaica: el 27% y el 36%, respectivamente, según se trate de instalaciones en tejado o en suelo. Así, las instalaciones en el campo inscritas antes del 30 de septiembre cobrarán 440 euros MWh, frente a los 34 euros que fija el nuevo decreto. Industria detectó una carrera veloz de los promotores fotovoltaicos para forzar su inscripción en el registro y conservar así tan suculenta retribución, que queda garantizada por 25 años.
La nueva regulación sólo exige que la instalación figure en el registro (un acto administrativo que tendría peso legal en los tribunales), aunque no haya evacuado energía a la red (algo que sí exigía la norma anterior). Sin embargo, la CNE considera que sólo se puede registrar una planta cuando se ha superado un periodo de pruebas, que implica, por sí mismo, producir electricidad que quede registrada en los equipos de medida (contadores).
La selección de las instalaciones se hizo con los listados que las comunidades autónomas entregaron a la CNE con las instalaciones inscritas antes del 29 de septiembre. Se ha escogido al menos una planta (de más de 10 kW), por comunidad autónoma y en un número proporcional a las que tiene cada una.
La CNE tiene que elaborar ahora sendos informes sobre las consecuencias económicas y jurídicas de las irregularidades detectadas y, una vez analizadas las alegaciones de las empresas y las comunidades, el regulador podría abrir expedientes sancionadores. Aunque lo importante no será la multa, que dependerá de las leyes que se apliquen, sino que el hecho de que dejen de percibir la antigua retribución.
Posible pleito contra las comunidades
¦bull; Si un promotor ha conseguido inscribir su planta fotovoltaica en el registro de instalaciones del régimen especial (Ritre) de su comunidad autónoma, aunque aquélla no esté regla, la responsabilidad no sería del propietario, sino de la comunidad que lo ha inscrito. Esta interpretación legal hace temer un pleito entre el Estado y las comunidades autónomas.¦bull; Otras interpretaciones apuntan a la posibilidad más sencilla de que el Ministerio de Industria, que a su vez tiene un registro general en el que se anotan los de las comunidades, borre de su registro las instalaciones anómalas y se evita una posible impugnación los registros autonómicos.
Un vecino 'le seccionó' la línea por rencillas
Del muestreo de 30 huertos solares investigados por la CNE en toda España, ocho registraban serias anomalías. Las anécdotas que reflejan los inspectores en su informe son ilustrativas: desde una planta en la que 'faltaban los paneles fotovoltaicos correspondientes' a otras con potencia inferior a la registrada. En una instalación de Cantabria que no se había enganchado a la red antes del 30 de septiembre, su propietario explicó que 'el dueño de una nave industrial colindante le seccionó la línea de evacuación (...) por motivos personales entre ellos'. Con posterioridad, añadió, le bloqueó el acceso al transformador para engancharse.Pero el caso más grave, que ha merecido la petición por parte de los inspectores de un expediente sancionador 'por obstrucción a la inspección', cuya cuantía deberá determinar la CNE, ha sido el de un huerto solar de Molina de Segura, cuyo representante alegó 'un viaje fuera de España' y después 'el accidente de un familiar' para evitar a los inspectores. Aunque estos no tuvieron acceso a la instalación, tras localizarla con la ayuda del ayuntamiento, pudieron observar 'desde una colina' cómo trabajaban dos máquinas en una explanada. Dos semanas después, y desde el mismo observatorio, comprobaron que se habían instalado 'algunos paneles'.Otro tercio de los huertos inspeccionados estaban en regla pero habían incumplido el plazo (el 30 de septiembre) que fija la norma para evacuar energía a la red si se quiere cobrar la retribución más favorable. La mayoría de los propietarios han atribuido los retrasos a las distribuidoras de la zona (Iberdrola, Endesa o Hidrocantábrico), que han alegado problemas técnicos o de saturación para no permitir el enganche.