La banca estudia acudir en bloque al fondo de liquidez para evitar un deterioro de su imagen
Bancos y cajas estudian acudir en bloque y de forma coordinada al fondo de liquidez del Gobierno para evitar que cuando se conozca el nombre de las entidades que se han acogido a él su imagen pueda verse deteriorada y esto provoque el miedo o la desconfianza de sus depositantes sobre su solvencia, informaron fuentes del sector financiero.
Las entidades consideran que esta sería una forma segura de acogerse al Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) de hasta 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones, después de conocer que el Gobierno informará en el Congreso de qué bancos y cajas se han beneficiado de esta liquidez una vez transcurridos cuatro meses.
Los responsables de bancos y cajas consideran que esta estrategia permitiría contrarrestar la posible estigmatización de las primeras entidades que recurrieran al fondo, lo que algunos ahorradores podrían malinterpretar como un signo de problemas, y retirar impulsivamente su dinero de la caja o banco en cuestión.
Aunque la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) no se han manifestado sobre la idoneidad de que se haga público el nombre de las entidades beneficiadas por el fondo de adquisición de activos -sólo han expresado sus reticencias sobre la fórmula de subasta- algunos responsables de entidades han expresado su opinión.
El presidente del Santander, Emilio Botín, aseguró la semana pasada desde Sao Paulo que para ser transparentes "no hace falta dar nombres", y agregó que hacerlo podría infligir daños innecesarios a la reputación de las entidades. El Santander no descarta además acudir al fondo si lo considera conveniente .
Desde el BBVA, su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri , subrayó la necesidad de evitar que la publicación de los nombres de las entidades se convierta en un motivo para "cebarse" en las que acudan a las medidas articuladas por el Gobierno para aumentar la liquidez.
Diversos medios de comunicación dedujeron de la última comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Economía, David Vegara , que el Gobierno compartía estos argumentos y estimaba que dar los nombres podría sabotear el fin del fondo de facilitar créditos a familias y empresas, al desincentivar que acudieran las entidades, preocupadas por mantener su buena imagen.
No obstante, el pasado día 3, Vegara anunció oficialmente que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, revelará en sus comparecencias cuatrimestrales en el Parlamento para dar cuenta de la evolución del FAAF, qué entidades se acogen al mismo.
Concretamente, Solbes informará en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja de la distribución exacta del fondo y del nombre de las entidades que se hayan beneficiado del mismo hasta la fecha, aunque no de las que hayan pujado en la subasta.
Evitar estigmatizaciones
Para el Gobierno "es razonable" dar a conocer qué bancos y cajas se benefician del fondo de activos financieros cada cuatro meses y no antes, para no hacer especial hincapié en las entidades que acudan a la subasta y evitar posibles "estigmatizaciones", explicó Vegara.
El fondo de liquidez lanzará este mes de noviembre la primera subasta de compra de activos financieros por importe de 5.000 millones de euros, y otra en diciembre, por el mismo importe, con un plazo de vencimiento de dos y tres años, respectivamente, mayor que el que ofrece el Banco Central Europeo (BCE).
Las partidas del fondo de liquidez se repartirán con criterios de diversificación para evitar que los activos de alta calidad (doble y triple A) que se compren, cédulas hipotecarias y bonos de titulización de activos, sean únicamente de determinadas entidades financieras, y se primará la adquisición de activos que respalden créditos nuevos.
Se realizarán dos tipos de subasta, una competitiva en la que las entidades pujarán por la venta de sus activos a un tipo de interés determinado para superar las ofertas de los demás, y otra no competitiva, que alcanzará como máximo el 25% del total de subasta, reservado a las entidades que más hayan contribuido al aumento del crédito.
Las entidades que deseen vender activos deberán ofrecerlos por valor superior a tres millones de euros, y las ofertas por importes mayores tendrán que ser múltiplos enteros de un millón de euros, aunque en la convocatoria de las subastas se podrá modificar los importes cuando sea conveniente por el plazo del activo, o cualquier otra circunstancia.