Las cementeras advierten de cierres si la CE impone su factura por contaminar
El marco comunitario del comercio de derechos de emisiones de CO2 que propone la Comisión Europea podría suponer a las cementeras españolas la pérdida de más de 5.000 empleos y 1.000 millones de euros anuales a partir de 2020. El sector maneja un informe, elaborado por Garrigues Medio Ambiente, en el que se adelantan efectos como el cierre de plantas y la deslocalización.
La desaceleración del sector de la construcción es una mera anécdota para las cementeras españolas al lado del impacto que podría producir en su negocio la modificación de la Directiva de Comercio de Emisiones de CO2, llamada a actuar entre 2013 y 2020. La revisión impulsada por la Comisión Europea tiene como objetivo un recorte del 20% en las emanaciones de gases de efecto invernadero en 2020 respecto a las contabilizadas en 1990. Para alcanzar esa meta, se trata de sustituir el sistema de asignaciones que impera en cada país por unas reglas homogéneas a nivel comunitario.
La industria básica de este país ha levantado la voz ante el futuro que se avecina y es el negocio del cemento el que se veríamás afectado por un nuevo esquema de reparto de derechos de emisión posterior al Protocolo de Kioto. Según la propuesta de la Comisión, en la mesa desde enero de este año, las cementeras gozarían de una asignación gratuita del 80% de las emisiones en 2013; cuota que caería progresivamente hasta el 0%, o asignación gratuita nula, en 2020.
En este contexto, la CEOE ha encargado un informe a GarriguesMedio Ambiente en el que se dibuja un panorama de imposible supervivencia. El coste del CO2 supondría unos 1.091 millones al año a partir del citado 2020 para los productores de cemento.
En 2006 estas empresas facturaron 3.737millones en España y su valor añadido bruto (VAB) fue de 1.291 millones. "La deslocalización y el cierre de instalaciones impactaría sobre la producción de clinker [materia prima de la que se obtiene el cemento] y la competitividad del sector cementero español estaría expuesta a las importaciones procedentes de los países no afectados por la Directiva de Comercio de Emisiones", alarma el estudio de Garrigues.
Calculada la carga económica, los analistas creen que se destruirán 5.500 empleos en España, lo que representa el 77,5% de la plantilla actual de las firmas del sector.
Los distintos campos industriales enmarcados en la CEOE ven como tabla de salvación entrar en la lista de grandes consumidores de energía con riesgo de "fuga de carbono" o deslocalización. De ser así, podrían optar a mantener asignaciones gratuitas.
En todo caso, estas compañías exigen que se aclare la política a largo plazo. Para ello presionan a la Comisión, Parlamento y Consejo europeos con el fin de que establezcan el marco regulatorio 2013-2020 antes de finales de año y, de este modo, poder planificar futuras inversiones. Y es que la propia Comisión fijó el 30 de junio de 2011 como fecha en la que se darían a conocer los criterios que regirán el comercio de derechos de emisión para ese periodo. "La inexistencia de un régimen claro está creando incertidumbre y pone en riesgo los proyectos de grandes multinacionales, al tiempo que se incrementan las primas de riesgo y los costes de financiación", expone un alto directivo familiarizado con este proceso.
Escenarios
El informe que manejan las empresas contempla tres escenarios en cuanto al precio medio por tonelada de CO2: 10 euros, 35 y 60 euros. Y analizahastasiete posibilidades en lo que toca a asignaciones gratuitas: desde el 100% de los derechos necesarios sobre las emisiones reales, que es el supuestomás optimista, hasta la eliminación total de esos incentivos en 2020, que es lo que defiende la Comisión Europea.
Vistas las distintas posibilidades, Garrigues obtiene los citados 1.091 millones de un supuesto en el que la tonelada de CO2 costará 35 euros y en el que el 100% de las emisiones se pagan al precio que estipulen los mercados de derechos de emisión. Esta cifra equivale a 25,66 euros por tonelada de cemento,lo que implica un 164% de los 15,57 euros por tonelada que las cementeras españolas declaran como margen de explotación en estos momentos.
Amenaza contra la producción de clinker
El Plan Nacional de Asignaciones 2008-2012, diseñado por el Gobierno para cumplir con el Protocolo de Kioto, otorga a las cementeras 29 millones de toneladas anuales de derechos de emisión de CO2. æpermil;stas alcanzaron 27,4 millones de toneladas en 2007 e invierten para reducir esa cifra. El cobro por emisiones, según apuntan desde el sector, podría dar al traste con la rentabilidad del cemento en España. Estas son algunas de las claves:● El 60% de las emisiones delas cementeras derivan de un proceso ineludible a la hora de producir clinker: la descarbonatación de la caliza. El clinker es el producto intermedio para la obtención de cemento, su producción arroja más valor añadido a las empresas que la propia molienda de cemento.● La Comisión Europea aboga en su Directiva de Comercio de Emisiones para el periodo 2013-2020 por eliminar las asignaciones gratuitas de derechos entre 2013 y 2020. Pero antes de fijar los criterios definitivos estudiará el coste de los derechos de emisión de CO2 en comparación con el coste de producción o la exposición de las empresas a la competencia internacional.● Países como Marruecos, Argelia, Libia, Egipto y Túnez no están afectados por la directiva. Producir clinker en ellos sería más barato que en España, por lo que el sector habla de una posible deslocalización. Al mismo tiempo se prevé un aumento de las importaciones procedentes de China o India, que compensan los gastos del transporte con sus reducidos costes de fabricación.● Las cementeras españolas han invertido 600 millones en los últimos seis años en adaptar sus hornos a las exigencias ambientales y mejorar su eficiencia energética. El consumo se ha reducido un 40% en los últimos 25 años.● La industria del cemento en España es un 4% más eficiente que sus comparables en el resto de Europa.
Medidas de choque
Las cementeras se defienden ante una posible pérdida de competitividad a partir de 2013 y piensan en medidas como un impuesto medioambiental para los productos que procedan de países no firmantes del Protocolo de Kioto. Otra idea es que se les permita un mínimo de emisión gratuita de 0,85 toneladas de CO2 por cada tonelada de clinker.