El País Vasco alquilará las casas que no vendan los promotores
El Gobierno vasco se sumó ayer a la serie de iniciativas que se están poniendo en marcha en distintos territorios para frenar el fuerte deterioro del mercado inmobiliario. El consejero vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, anunció que a partir del próximo mes de enero el programa de alquiler social de vivienda vacía (Bizigune), estará abierto a todos aquellos promotores que tengan viviendas en stock sin vender y decidan arrendarlas a precios protegidos. Madrazo precisó que se pagará un precio máximo de 450 euros al mes por cada piso y que, a cambio de percibir un precio sensiblemente inferior al del mercado libre, la promotora contará con la posibilidad de cobrar por adelantado y de una sola vez un total de cinco años de alquiler, aproximadamente 27.000 euros por vivienda; lo que supone 'una importante inyección de liquidez en tiempos de crisis', explicó.
Parque en arrendamiento
El objetivo de esta iniciativa es incrementar la oferta de vivienda protegida en alquiler, destinada principalmente a los jóvenes, mediante el 'esfuerzo compartido' del Gobierno vasco y de las empresas, ya que el inquilino únicamente paga el 30% de sus ingresos, igual que en el resto de modalidades incluidas en Bizigune.
Este programa, que cuenta con 10.000 personas inscritas, ha puesto en alquiler social más de 4.000 casas vacías en cinco años, con el pago al propietario de una renta máxima de 750 euros al mes. De esa cantidad, el inquilino paga una media de 280 euros y el resto lo abona el Gobierno vasco y, según recordó Madrazo, el nivel de satisfacción es muy alto, ya que el 80% renueva el contrato. El parque de viviendas en alquiler social se ha incrementado de forma importante desde 2002, ya que ese año se arrendaron 740 y este serán 15.000. Para 2009, se prevé superar las 19.000.
El sector, en contra del plan catalán
El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Barcelona, Enric Reyna, calificó ayer en una entrevista a Catalunya Informació de 'tomadura de pelo' la propuesta de la Generalitat de comprar vivienda libre vacía para convertirla en protegida. Reyna no cree viable que ni en Barcelona ni en los municipios colindantes puedan adquirirse 500 pisos a 150.000 euros, que es lo que proyecta destinar la Generalitat. En su opinión, la propuesta está 'fuera de lugar y es poco realista' y sostiene que las medidas para facilitar el acceso a la vivienda se ejecutan 'demasiado lento'.