Dificultades

Las empresas sufren 584 trabas administrativas en su actividad

Una empresa puede llegar a sufrir hasta 584 trabas administrativas en su actividad diaria. Así lo denuncia un informe de las Cámaras de Comercio, elaborado a petición del Gobierno, en el que se insta a las Administraciones a reducir las barreras a las empresas, cuyo coste se eleva al 4,6% del PIB.

Declaraciones mensuales de IVA, altas y bajas de trabajadores, informes de prevención de riesgos laborales, pago de impuestos municipales, elaboración de cuentas anuales... Así hasta 36 trámites administrativos tiene que cumplir obligatoriamente una empresa en España, por el simple hecho de serlo. Si a esas cargas se suman las obligaciones propias de cada sector de actividad, el número de tramites puede llegar a superar los cien, lo que obligará a la empresa a contratar personal. Un coste difícil de asumir para las pymes, que suponen el 90% del tejido empresarial en España, y que en muchos casos puede lastrar su competitividad.

Así lo denunció ayer el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, quien acusó a los legisladores de provocar ese sobrecoste a las empresas. 'No son conscientes de que las leyes no son gratuitas y que su aplicación tiene un coste', apuntó Gómez Navarro, quién lo achacó a un proceso legislativo desordenado en España, 'en el que las comunidades autónomas y el Estado han generado un crecimiento exponencial de los trámites'. En ese escenario reclamó que cada proyecto de ley que se apruebe en el futuro vaya acompañado, como en Reino Unido, de un estudio sobre el impacto de esa norma en la economía real.

El presidente de las Cámaras de Comercio justificó sus comentarios en un estudio elaborado conjuntamente con Ariño Abogados y KPMG, en el que se han analizado 225 normas (160 de ellas de carácter estatal), de las que han surgido hasta 584 trámites administrativos que tienen que afrontar las empresas en España para ejercer su actividad diaria.

Este estudio, realizado a petición del Ministerio de Administraciones Públicas, servirá de base para que el Ejecutivo pueda cumplir el objetivo fijado el pasado mes de agosto; reducir un 30% las cargas administrativas para las empresas en 2012. Según los últimos datos de la Comisión Europea, estos suponen un coste del 4,6% del PIB en España, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 3,5%.

El estudio afirma que los capítulos en los que las administraciones solicitan más trámites para obtener autorizaciones son medio ambiente, en el que se han detectado hasta 89 obligaciones (autorizaciones para llevar residuos, informes sobre emisiones de gases de efecto invernadero o declaraciones de impacto ambiental) y la propiedad industrial, donde se han identificado hasta 62 trámites (entre ellos, la tenencia de autorizaciones, licencias y pago de impuestos).

Por sectores, la industria y el transporte son los que más obligaciones de información tienen que cumplir frente a las administraciones, ya que asumen casi el 60% de la totalidad de los trámites.

El informe viene acompañado por una encuesta a 200 empresarios, en la que expone el fuerte desequilibrio existente entre los recursos reales de los que dispone la empresa y los que se le suponen. Por ello reclaman que se simplifique la legislación, que se eliminen las exigencias duplicadas entre administraciones y que se impulse la tramitación de las mismas a través de canales electrónicos.

El pago de impuestos, la obligatoriedad de enviar información estadística periódica al INE, y el seguimiento de la contabilidad son, por este orden, los tres trámites más gravosos para las compañías.

113 propuestas para eliminar burocracia

El estudio de las Cámaras de Comercio incorpora un capítulo en el que se presentan 113 propuestas para la reducción de trámites burocráticos en España. La mayoría de ellas están relacionadas con la eliminación de duplicidades entre administraciones, la introducción de canales electrónicos para la presentación de documentación o la supresión de autorizaciones previas por inspecciones periódicas a posteriori.

Respecto al pago de impuestos, el documento propone la supresión de la declaración anual del IRPF y del IVA, la simplificación en la liquidación del IVA o el IRPF así como la posibilidad de que el documento unificado aduanero se pudiera presentar a través de medios electrónicos.

En esta línea también solicita la introducción de la receta electrónica en el Sistema Nacional de Salud, por el ahorro que se generaría en menor gasto en papel y personal.

En línea con la directiva europea de servicios, que el Ejecutivo ha empezado a transponer y cuya aplicación provocará un crecimiento adicional de ocho décimas en el PIB, el texto propone una fuerte liberalización en algunas actividades de servicios. Así plantea la sustitución de la autorización previa para venta en una oficina de farmacia por una comunicación previa, la supresión del permiso previo para transportes discrecionales de viajeros en el ámbito de la Unión Europea o la renovación automática de las concesiones de agua para usos hidroeléctricos, una vez extinguida la concesión anterior.

Obligaciones mínimas para un empresario

Presentación y pago de documentos de cotización.

Afiliación de altas y variación de datos del personal.

Comunicación de apertura del centro de trabajo.

Bajas del personal por maternidad, paternidad, enfermedad o accidente.

Tramitación de contratos de trabajo.

Elaboración de nóminas y liquidaciones con carácter mensual.

Tenencia del informe de prevención de riesgos laborales.

Obligación de practicar pagos sobre los rendimientos sujetos al IRPF (mensual o trimestral).

Declaración anual de retenciones e ingresos del IRPF.

Comunicación de las retenciones a los contribuyentes.

Declaración de alta, modificación y baja de la compañía en el censo.

Declaración del IVA (trimestral o mensual).

Declaración anual del IVA.

Presentación de la declaración del impuesto de sociedades.

Pago de impuestos locales.

Elaboración y redacción de cuentas anuales.