Razones para estar en Washington
La obsesión en que ha convertido el presidente del Gobierno su deseo de estar en la cumbre que discutirá en Washington la reforma integral del sistema financiero mundial ha pasado, de estar basada en la vieja aspiración política de pertenecer al club de los países más ricos de la Tierra, a disponer de un argumentario técnico de peso. Ayer, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, en el foro empresarial convocado por este periódico, esbozó el esquema básico de la reforma de los mercados financieros, con el refuerzo del Foro de Estabilidad Financiera, siempre en estrecha colaboración con el Fondo Monetario Internacional. Y lo presentó con el aval que proporciona, además del valor nominalista del tamaño de la economía española, la relevancia de su sistema financiero y la excelencia que atesora su regulación y supervisión.
Este argumento, y ningún otro, es el que desde un principio el Gobierno español debería haber esgrimido ante los líderes europeos para reclamar un sitio en la mesa que decidirá por dónde caminará el sistema financiero tras la grave crisis de 2008. España debería haber convencido a la Unión Europea para que haga suyo un mecanismo de supervisión y provisión contra el riesgo crediticio que ha resultado ser el más eficiente, de tal modo que fuese el modelo que el Viejo Continente esté dispuesto a aplicar en el futuro, y que sirva de ejemplo al resto del mundo. Que la banca española, a pesar de los excesos de la burbuja crediticia en la que también ha participado, siga sin necesidad de recapitalización por el celo que el Banco de España ha puesto en el control de las entidades, es ahora el servicio más competitivo de la economía.
El Gobierno no debe estar en Washington para que una foto recomponga la deficiente y errática política exterior de la Administración Zapatero en los últimos cinco años, que ha presentado preocupantes lagunas en los asuntos que más afectan a los intereses de las multinacionales españolas en todo el mundo, y que merecían mejor defensa diplomática. Y no debe estarlo como consecuencia de una mendicante ronda de reclamaciones en las cancillerías europeas, cuando España no pertenece a un club como el G-8 o el G-20 que, por otra parte, carecen del mínimo estatus jurídico exigible para decidir el futuro del globo.
Debe estarlo, eso sí, por los méritos contraídos por su eficiente sistema financiero y por la presencia e inversión en el mundo de las multinacionales españolas. ¿O debe ser un país sin seguridad jurídica y que atropella la propiedad privada, desde el G-20, quien represente los intereses de corporaciones como Repsol, Telefónica, BBVA o Santander ante una reforma financiera de la que dependen cada día?
Los cinco pilares que aporta España para sujetar la nueva arquitectura financiera, que afectan a la supervisión, la recomposición de la ética de los negocios y la transparencia macro y microfinanciera, merecen el respaldo de la UE. Y sin duda estarán en las conclusiones que salgan de Washington, las defienda quien las defienda, para que en el futuro haya la misma cantidad de mercado que ahora, pero con la vigilancia del Estado que no ha existido hasta ahora, como ayer pidió el subgobernador del Banco de España, José Viñals.