Tribunales

Andalucía pagará el aval exigido para poder embargar a Boliden en Suecia

La Junta de Andalucía está dispuesta a pagar la garantía que exige un tribunal sueco para poder ejecutar un embargo de 141 millones contra Boliden. La firma estudia si recurre al Supremo de su país.

La larga batalla judicial por recuperar el dinero público invertido en la limpieza del vertido de Aznalcóllar acaba de dar, según la Junta de Andalucía, 'un paso muy relevante' tras la decisión de un tribunal de apelación sueco de considerar ejecutable en este país el embargo cautelar de 141 millones de euros decretado por el juzgado de lo mercantil de Sevilla que tramita la quiebra de la filial Boliden Apirsa. A partir de aquí, según fuentes jurídicas, la administración concursal, respaldada por la Junta de Andalucía como principal acreedor, deberá acudir a un tribunal ordinario sueco y la confiscación cautelar de bienes se podrá ejecutar. La única condición es que la parte española deberá proveer una caución por el montante del embargo.

La consejera andaluza de Medio Ambiente, Cinta Castillo, se mostró ayer abierta a colaborar con la administración concursal para hacer frente a este requisito económico en la cantidad que le corresponda. A su juicio, la resolución del tribunal sueco 'tiene una importancia crucial' porque abre paso a la posibilidad de que los gastos provocados por el desastre medioambiental reviertan en el Estado y en la comunidad autónoma, que emplearon 98 millones de euros en tareas de limpieza. El resto de la reclamación cautelar, unos 43 millones, corresponde a otros acreedores.

Frente a la imposibilidad de hacer pagar a la filial, el juzgado de Sevilla levantó el velo de esta sociedad limitada (Boliden Apirsa) y reconoció que pertenece 'a un potente grupo de empresas, que sí cuenta con capital social suficiente para asumir las obligaciones de pago, que por ahora han sido establecidas de forma cautelar', según recuerda la Junta.

A juicio de la consejera, 'ninguna empresa que cause un perjuicio tan grave puede quedar impune ni evadirse de asumir sus responsabilidades ante la sociedad'.

Por su parte, la compañía señaló ayer que puede recurrir el embargo ante el Tribunal Supremo de su país, aunque admitió que todavía no ha decidido si dará este paso. Como adelantó ayer este periódico, Boliden publicó en su página web una nota de prensa en la que reconocía que un tribunal sueco ha declarado el embargo ejecutable en su país.

Sin embargo, la firma minera matiza que el juez no ha entrado a valorar las reclamaciones por daños y perjuicios. Tras diez años de litigios, Boliden mantiene su confianza en que el proceso no supondrá 'ningún daño sustancial' para las finanzas de la empresa.

La alargada sombra del caso Boliden está marcando el destino de otro proyecto minero en territorio andaluz, el de Cobre las Cruces, de la canadiense Inmet Mining. La explotación se ha paralizado al detectarse contaminación en un acuífero y la Junta le ha exigido más de 80 millones en avales por si hay que reparar la zona minera.