El temor a más nacionalizaciones por Buenos Aires tumba los mercados
La decisión del Gobierno argentino de nacionalizar los planes de pensiones privados, conocidos como AFJP, ha vuelto a poner al país en el ojo del huracán y a disparar las especulaciones sobre su posible suspensión de pagos.
Este temor provocaba ayer que la prima de riesgo país, que mide el diferencial entre la deuda argentina y la de EE UU, se disparara más de un 17%, hasta los 1.920 puntos básicos. No obstante, este indicador está aún muy lejos del máximo histórico alcanzado en 7.174 puntos básicos en julio de 2002, después de que el país se declarara en bancarrota.
Los bonos también se desplomaron: su rentabilidad, que se mueve en sentido inverso al precio, llegó a tocar el 30% en el caso de los que vencen en el año 2033, cuando hace un mes su rendimiento superaba por poco el 12%. El Gobierno argentino ha asegurado que la medida se toma para evitar que la actual crisis financiera afecte a las futuras jubilaciones. En el último año su rentabilidad ha bajado un 20%. El sistema de pensiones privado argentino, creado en 1994, gestiona recursos por 23.250 millones de euros y está controlado en un 55% por parte de grupos internacionales, entre los que se encuentra el español BBVA.
Las tres mayores AFJP de Argentina son Orígenes (controlada por la holandesa ING Insurance), Met (de la estadounidense Metropolitan Life) y Consolidar (del grupo BBVA). Le siguen en el ranking Arauca Bit, Máxima (HSBC) y Nación. Entre estas seis gestionan el 92% de los fondos de pensiones privados del país.
Sin embargo, los analistas y la oposición consideran que detrás de esta decisión se encuentra la necesidad del Ejecutivo de hacerse con fondos para afrontar los fuertes vencimientos de deuda del próximo año, debido a que las turbulencias dificultan desde hace meses el acceso a los mercados de capitales para obtener financiación. En los próximos tres años, Argentina debe hacer frente al pago de unos 22.000 millones de euros.
El creciente nerviosismo entre los inversores obligó al Gobierno a salir a la palestra y garantizar la 'seguridad jurídica' a algunas de las empresas presentes en el país, como las españolas Repsol y Telefónica. El ministro de Planificación argentino, Julio de Vido, se reunió ayer en Buenos Aires tanto con directivos de la petrolera YPF, controlada por Repsol, como de Telefónica de Argentina.
Por su parte, el presidente de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Sebastián Palla, ha asegurado que recurrirá a 'todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados'.