Cataluña crea un ente para prevenir el fraude en la Administración

El Parlamento catalán dio ayer luz verde al proyecto de ley de la Oficina Antifraude de Cataluña, un organismo pionero que se encargará de prevenir e investigar posibles casos de corrupción en la administración pública. El consejero de Gobernación y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Ausàs, destacó que la oficina supone una oportunidad para 'cuidar las instituciones y la percepción que se tiene de ellas', ante los casos de corrupción que han aflorado en los últimos meses en algunas regiones.

La idea de crear una oficina de esta características se remonta a 2003, con la llegada del primer gobierno tripartito a la Generalitat. El proyecto, no obstante, echa a andar en 2005. En febrero de ese año, el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, acusó a los anteriores gobiernos de CiU de cobrar comisiones del 3% en la adjudicación de obras públicas.

Ausàs defendió que una de las misiones de la oficina será 'cubrir las lagunas que no están cubiertas ni por órganos del poder judicial ni por las instigaciones de control existentes'. La oficina antifraude podrá realizar investigaciones en el ámbito de la universidad pública, la Generalitat, los entes locales, las empresas públicas, e incluso, la actividad administrativa del Parlamento catalán.

Estará 'adscrita al Parlamento catalán y actuará con independencia de la administración'. Su director será propuesto por el presidente catalán pero deberá ser elegido en las Cortes catalanas por una mayoría de tres quintos (81 diputados sobre 135). Su mandato será de nueve años. La iniciativa fue aprobada ayer, con el apoyo del PSC y sus socios en el gobierno catalán.