La falta de ingresos impulsa la privatización en la gestión del agua
Cuatro de cada diez municipios ya han privatizado la gestión del agua en España. La falta de ingresos está acelerando el traspaso de la gestión a empresas privadas. Los expertos prevén fuertes subidas en el precio del agua, que deberá recoger todos los costes por imperativo de una directiva de la Unión Europa.
Madrid ha sido la última ciudad que ha dado el paso (aunque la mala situación de los mercados le ha obligado a aplazar por ahora la salida a bolsa del Canal de Isabel II), pero seguramente le seguirán otras en breve. Los ayuntamientos, que tienen las competencias en materia de agua, se han visto sorprendidos por la crisis económica y la fuerte caída de ingresos, en especial los ligados a las viviendas, que han dejado sus tesorerías en mínimos. Y los compromisos a corto plazo son muy exigentes, entre ellos el Plan Nacional de Depuración y Saneamiento de Aguas, con una inversión de 19.000 millones de euros hasta 2015 , de los que tan sólo 6.000 millones serán aportados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Los municipios ya no pueden recurrir a las dos vías a las que tradicionalmente acudían para financiar las obras: los fondos europeos y el endeudamiento. La renta per cápita de España ya supera a la media de la UE y eso ha recortado la llegada de fondos a un gran número de comunidades, mientras que las limitaciones al endeudamiento impuestas a los entes locales ejercen de freno para obtener recursos. Así que una de las vías de escape pasa por privatizar la gestión del agua y otorgar la concesión a una empresa privada.
Según los últimos datos de la Asociación Española de Abastecedores y Gestores de Agua (AEAS), uno de cada cuatro municipios en España ya ha traspasado la gestión del agua a una compañía privada. Es el caso, por ejemplo, de Sevilla, Oviedo o Barcelona. Si se le suma el número de empresas mixtas (con participación público-privada), la cifra se eleva al 50%.
Entre la división de agua de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y Aguas de Barcelona (Agbar) controlan la gestión del agua en 2.000 municipios (el 25% del total) con una población estimada de 26 millones de habitantes. Y la cartera de municipios sigue creciendo: Viveiro (Lugo) o Manilva (Málaga) son dos de los últimos casos y Guadalajara puede unirse en breve. El mayor grado de privatización se ha producido en los municipios con menos de 50.000 habitantes, en donde el 80% de la gestión del agua ya está en manos de empresas privadas. El porcentaje se va reduciendo a medida que va creciendo la población y se queda en un 28% para las áreas metropolitanas.
Las compañías se hacen cargo de la gestión por un periodo de 20 a 30 años en el que prevén amortizar las inversiones. Por ese servicio reciben la contraprestación correspondiente que los ayuntamientos recaudan a través de las tasas y de los cánones. Ángel Cajigas, presidente de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (Atta), lobby que engloba a las principales filiales del agua en España, señala que el precio del agua es muy bajo y que tiene que subir para recoger todos los costes. 'El precio es uno de los más bajos de nuestro entorno europeo y si nos atenemos a la nueva política europea que nos pide la recuperación integral de los costes, habrá que modificar las tarifas', confirma.
Según el último informe del Ministerio de Medio Ambiente, el coste anual de la gestión del agua en España se eleva a 6.330 millones de euros, de los que sólo el 80% se recupera a través de tarifas. Es decir que las administraciones subvencionan a fondo perdido 1.300 millones de euros. Y esa cifra deberá recuperarse íntegramente a partir de 2010 a través de subidas en el recibo que reflejen el valor real del agua.
El último estudio del Global Water Intelligence, que recoge los precios del agua en las principales ciudades del mundo, atestigua las fuertes diferencias que existen entre la mayoría de las municipios españoles y otros del entorno europeo. Para un consumo medio por hogar de 15 metros cúbicos al mes, los españoles (Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid o Sevilla) aparecen muy por debajo de otras grandes ciudades como Bruselas, Múnich, París o Londres, donde el precio es el doble o el triple.
Las comunidades se ponen alerta frente a la UE
No sólo los municipios están cediendo la gestión del agua en sus territorios. Ante la fuerte caída de los ingresos y el elevado endeudamiento, algunas comunidades están empezando a delegar en las constructoras las obras de saneamiento y depuración que tienen que acometer en los próximos siete años para obtener el visto bueno por parte de Bruselas. Las autoridades comunitarias ya amenazaron en 2004 con abrir un expediente a aquellas que no depuraran de forma correcta sus aguas, lo que les podría suponer la pérdida de fondos europeos.Hasta ahora, las únicas regiones que han optado por este modelo son Asturias y Aragón. El caso de Aragón es especialmente significativo. Con una orografía muy irregular y una dispersión muy alta de población, el inicio de una infraestructura de depuración o saneamiento obliga a realizar hasta 90 obras, cuando la misma apenas conllevaría un par de obras si se hiciese en otra comunidad. Por tanto, el coste es mucho más elevado que en otras zonas y ello ha obligado al Gobierno regional a trasladar el coste a las constructoras. æpermil;stas asumen el gasto y el mantenimiento posterior; a cambio, perciben un canon anual con cargo a las arcas locales.Y para costearlo se aprobó en 2007 un canon de saneamiento, con un fijo de 3,66 euros por factura y un variable de 0,44 euros por cada metro cúbico consumido. Es casi el triple de lo que cobran de media el resto de las comunidades, pero es la única vía por la que pueden hacer frente a la tasa que tienen que pagar a las empresas constructoras. De esa tasa están exonerados los ciudadanos de Zaragoza hasta el año 2013, ya que por ahora están pagando las obras de otras dos depuradoras.