El fondo de apoyo a la banca comprará ya activos este año

El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto ley para la creación del fondo de 30.000 millones de euros -ampliable a 50.000 millones- que comprará activos bancarios. En una primera fase, el fondo contará con 10.000 millones, y las primeras adquisiciones se realizarán antes de 2009. Solbes dejó entrever que se podrían comprar títulos sin calificación crediticia.

La medida estrella del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para superar la crisis económica ya tiene nombre y fecha de nacimiento. El viernes, el Ejecutivo aprobó el decreto ley de creación del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros (FAAF), cuyo objetivo es comprar títulos a la banca para que ésta libere recursos y retome la estancada concesión de préstamos a familias y empresas.

Los trámites para que el Parlamento ratifique la nueva norma y se especifiquen los detalles técnicos en un reglamento van a realizarse con la máxima urgencia, con la idea de que el FAAF comience a actuar cuanto antes. El fondo contará con 10.000 millones de euros de forma inmediata y, según explicó el viernes el vicepresidente económico Pedro Solbes, antes de que finalice el ejercicio actual se realizarán las primeras operaciones.

El procedimiento habitual serán subastas, abiertas a todas las entidades financieras que operan en el país, aunque tan sólo se podrán aportar bienes españoles. Se organizarán varias pujas, en función de la tipología de activos (fondos de titulización hipotecaria, cédulas hipotecarias, titulizaciones de créditos a pymes) y el plazo de maduración.

No es un gasto, sino una inversión', según Solbes

En su comparecencia del viernes tras el Consejo de Ministros, Solbes abrió la puerta a que se utilicen métodos alternativos a las subastas 'para comprar aquellos títulos que no tengan una valoración por parte de las agencias de 'rating'. En este sentido, el secretario de Estado de Economía, David Vegara, explicó el viernes que el Ejecutivo podría llegar a comprar a la banca titulizaciones del déficit de tarifa eléctrica.

Diversificación de la inversión

Uno de los aspectos más polémicos sobre el FAAF es cómo conseguir que los recursos públicos que llegarán a la banca se conviertan en créditos para empresas y particulares. El vicepresidente económico recordó que en el preámbulo del decreto ley se recoge expresamente que en la compra de títulos por parte del Tesoro 'se dará prioridad a los nuevos créditos'. Con esta medida se incentiva a las entidades financieras para que lleven a las subastas préstamos que han concedido recientemente.

En referencia a la propuesta del Partido Popular (PP) de que se garantice que los 30.000 millones de euros llegan a los ciudadanos, Solbes aseguró que 'no es labor del Gobierno decir a los bancos cómo manejar sus carteras, pero sí crear instrumentos para garantizar créditos que ahora están bloqueados'. Para el vicepresidente, la iniciativa del PP de que sea el Instituto de Crédito Oficial quien canalice el fondo estatal, representa un intento de resucitar la banca pública.

Para Solbes, la alternativa propuesta por el Gobierno es la más 'equitativa y eficiente', y la propia naturaleza de la banca hará que los recursos que reciba los destine a buscar nuevo negocio, es decir, a conceder nuevos préstamos.

Otro de los argumentos del PP contra el FAAF es el grado de control político. Varios portavoces del partido han reclamado la creación de una comisión en el congreso que verifique el funcionamiento del fondo. Sin embargo, el decreto ley aprobado el viernes tan sólo contempla que se informe a la comisión de Economía del Congreso sobre la evolución del fondo, tres veces al año.

El tercer punto de la discordia es el referido al coste del programa. Fuentes del PP han calificado al fondo como un gasto que recaerá sobre el bolsillo de los contribuyentes, mientras que el Gobierno insiste en que se trata de una inversión que no tendrá coste alguno para los ciudadanos. 'En todos los casos se pagará por los activos bancarios un precio inferior al coste conjunto de la emisión de deuda pública y los gastos operativos', aseguró Solbes.