Competencia, regulación e interés general
La Comisión Nacional de la Energía está próxima a remitir a la Comisión Nacional de Competencia un informe, no vinculante por cierto, sobre las posibles consecuencias para el sector de la integración de los negocios de Gas Natural y Unión Fenosa, y los supuestos peligros que una concentración de este tipo acarrearía para el consumidor.
Por un lado, Gas Natural defiende que la operación favorece a los consumidores porque da lugar a un grupo diversificado capaz de competir, desde una posición mucho más equilibrada, con los otros dos grandes jugadores del mercado, Endesa e Iberdrola. La empresa argumenta también que la posición que lograría en suministro de gas le permitiría negociar y competir en mejores condiciones con Sonatrach y otros operadores extranjeros que traen gas a España con total libertad gracias a la total liberalización del sector en nuestro país. Es decir, si puedo comprar mejor y a otros proveedores, puedo ofrecer mejores precios a los consumidores.
Además, su tamaño le permitiría hacer frente y tolerar con talante cualquier embestida, por agresiva que ésta sea, de empresas de esta magnitud, sin poner en riesgo el suministro del gas y el bolsillo de los españoles. Y es que no podemos engañarnos a nosotros mismos: por muy buenas que sean las intenciones de aquellos que quieren ayudarnos a potenciar nuestra eficiencia energética, no son igual de sensibles, como lo somos nosotros mismos, a la economía del español. Y para ello sólo hace falta recordar que ha sido el mismo Sonatrach quien, valiéndose de la dependencia que tenemos en temas de aprovisionamiento, ha solicitado un aumento del 20% del precio del gas.
Pero volvamos al tema de la fusión de Gas Natural y Unión Fenosa, y si es pro competitiva o no, y vayamos al otro lado, allí donde se sitúan los operadores de mercado que han argumentado que la operación no beneficia al consumidor porque la empresa resultante consolidaría una cuota del mercado de aprovisionamiento de gas cercana al 60% en España, lo que le permitiría manejar a su antojo los precios a los consumidores. Lo que no reconocen estos operadores es que esta cuota resultante es sólo un espejismo, ya que la entrada y puesta en marcha del gasoducto Medgaz, controlado curiosamente por Sonatrach, que aportará un volumen de suministros adicional equivalente a casi una cuarta parte del consumo nacional, reducirá finalmente la cuota de mercado y situará a la compañía resultante en el punto donde se encontraba hace un año: por debajo del 50%.
En cualquier caso, la competición de nuestras compañías se está dando desde hace ya algunos años en el plano europeo y mundial, por lo que quizás este negocio -en lo que al abastecimiento de gas se refiere- no es tanto local como global, y donde aspectos como el ya señalado del poder de negociación y suministro son indispensables para configurar una oferta competitiva de cara al consumidor.
Dejando de lado las razones de una u otra parte, conviene partir de una reflexión que es un sentir general y que valdría la pena cuestionar. Cuando uno se aproxima a un regulador de mercado para pedir la autorización de algo debe ser consciente de que ese acto es similar a acudir a la peluquería: quieras o no te cortarán un poco el pelo, o cuando menos las patillas.
Es decir, lo más lógico es que el regulador no acceda a las cero condiciones que demanda Gas Natural, por mucho que sean lógicas, favorezcan al mercado, al cliente y a los accionistas, sean ajustadas a derecho y fundamentadas. Es más probable que también quiera estimar las demandas de aquellos que advierten el peligro que para el consumidor conlleva una concentración de estas características y le obligue a desinvertir en cierto tipo de negocios y de activos. Compradores no faltarán, desde luego. El regulador y Competencia mirarán por el bien del consumidor, obrarán con celo y ajustados a su marco de actuación. La cuestión es saber quién velará por el interés general y del país. Es decir, hay cuestiones en las que un análisis detallado del entorno competitivo no debe evitar alzar la vista y ver las cosas de otra manera. Hay momentos en los que también es muy recomendable no sospechar de una petición y donde no hay que ruborizarse por atender todos los argumentos de una parte si son razonables y benefician no sólo al consumidor, sino también al país.
El papel de Competencia no es fácil, ya que de su decisión depende si se hace un flaco favor, o no, a los españoles.
Juan I. Bauluz. Abogado