El arbitraje español no despega por la falta de seguridad
La Ley de Arbitraje no ha conseguido el objetivo de convertirse en alternativa a la justicia ordinaria en la resolución de conflictos. Según los datos proporcionados por el especialista en arbitrajes Bernardo Cremades, durante el pasado año el número de casos sometidos a arbitraje fue inferior a los que se contabilizaron incluso antes de la entrada en vigor de la ley. La inseguridad jurídica y la falta de jueces especializados son, en su opinión, algunas de las causas.
España estaba destinada a convertirse en un gran centro internacional de arbitraje de acuerdo con los objetivos de la Ley de Arbitraje de 2003. Sin embargo, estas expectativas no se han cumplido.
'En un país sólo funciona bien el arbitraje cuando se puede también confiar en la eficacia y la celeridad de la justicia estatal. Desde esta perspectiva es complicado afirmar que se pueda desarrollar el arbitraje en nuestro país al amparo de una justicia colapsada', opina Bernardo Cremados, socio director de Cremades y Asociados y presidente de la Corte Española de Arbitraje.
La norma de 2003 consiguió animar el número de arbitrajes, que pasaron de los 475 de 2002, a los 525 de 2004. Sin embargo, la cifra volvió a descender en 2006 hasta los 406 casos o los 421 arbitrajes celebrados en España durante el año pasado. Y al tiempo que se ha reducido el número de arbitrajes ha crecido de manera espectacular el de mediaciones.
Según Cremades, 'uno de los talones de Aquiles de la ley de 2003' es que no existe una unificación de doctrina en materia jurisprudencial relativa al arbitraje, lo que se traduce en inseguridad jurídica. También existen dificultades de interpretación de qué tipos de problemas de arbitraje deben resolverse por la vía civil y cuáles por la vía mercantil. En opinión de Cremades, sería importante impulsar medidas que conduzcan a una mayor especialización de los jueces y tribunales españoles en materia de arbitraje.
Cámara Internacional
De acuerdo con los datos, el arbitraje español no logra seducir a los empresarios nacionales, que prefieren acudir a instancias como la Cámara Internacional de Arbitraje que, en 2007 resolvió 47 casos relacionados con España. En 20 de ellos alguna empresa española fue la parte demandante y en 27 ocasiones fue la demandada. La cifra supone que España participó como una de las partes del conflicto en el 2,92% de los arbitrajes internacionales celebrados en 2007.
Las reglas de esta organización permiten a las partes elegir el lugar en el que se celebra el arbitraje. Sólo en diez casos España fue la sede arbitral, frente a las 110 ocasiones en las que Francia fue designada sede arbitral, seguida de Suiza, con 97 ocasiones y algo más lejos de Gran Bretaña, con 58.