Vacas flacas
La ejecución presupuestaria de este año alerta de un profundo y rápido deterioro en el comportamiento de los ingresos tributarios. La caída de casi el 30% en la recaudación hasta agosto, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el IVA, ha condicionado el retorno a niveles similares a los de 2003, y constituye el factor decisivo en las previsiones de ingresos para 2009.
Con esta restricción de los recursos, se han diseñado unos Presupuestos conservadores y austeros por el lado del gasto, que aún así, no impiden un déficit no financiero del -1,5% sobre PIB nominal. El papel que podría ejercer en la necesaria dinamización económica queda limitado a apenas algunas políticas, como el impulso a las infraestructuras y, en menor medida, al I+D+i dado que todavía representa un peso poco significativo en el conjunto del gasto no financiero. Está previsto que ambas políticas crezcan respectivamente un 4,5% (incluyendo las inversiones del sector público empresarial) y un 6,7%, lo que supone una ralentización respecto al crecimiento del Presupuesto anterior.
El Gobierno tiene la convicción de que no puede permitirse otros presupuestos más anticíclicos y mejor recibidos por los agentes económicos, sin romper sus compromisos con la estabilidad presupuestaria. En primer lugar, porque la previsión de crecimiento para el próximo año y que sirve de hipótesis de partida para los ingresos fiscales, resulta algo voluntarista. Aunque el Gobierno mantiene una estimación para 2009 de avance del PIB del 1%, la mayor parte de previsiones anticipan crecimientos prácticamente nulos que nos aproximarían a déficit entre el 2,5% y el 3% del PIB. Y en segundo lugar, es probable que tenga el temor a que las administraciones territoriales vayan a agotar, cuando menos, todo el margen disponible para contrarrestar la caída de la actividad.
Aunque el actual marco normativo reconoce el papel más dinamizador de las políticas regionales, reservando hasta un 0,75% del PIB de déficit cíclico a las comunidades autónomas (0,20% al Estado y tan sólo 0,05% a las corporaciones locales), es muy probable que este límite se vea superado. No sólo por el componente inercial que se viene observando en el gasto en los últimos años -con la expectativa, ahora pospuesta, de mejoras en el modelo de financiación autonómica- sino porque también una parte representativa de los ingresos, como ya es sabido, depende del ciclo inmobiliario. No hay que olvidar tampoco el efecto de políticas muy bien recibidas por la sociedad pero con implicaciones presupuestarias tan notables e inciertas como la Ley de Dependencia.
No obstante, a pesar de la prudencia con la que se han elaborado las cuentas, la elevada incertidumbre hace impredecible su cumplimiento. A priori la predisposición del Gobierno a no recurrir alegremente al déficit y a la deuda pública es manifiesta, pero situaciones críticas como las actuales no parecen las más adecuadas para excesos de dogmatismo. Las medidas extraordinarias que en las últimas jornadas han llevado a cabo Gobiernos tan poco sospechosos de heterodoxia para evitar un colapso de su sistema financiero -y por extensión, también del europeo-, como el holandés, el alemán, el irlandés o el luxemburgués, constatan la necesidad de intervención de las administraciones públicas cuando los fallos del mercado son evidentes.
Susana Borraz / César Cantalapiedra. Socios de Analistas Financieros Internacionales (AFI)