Un margen de maniobra fiscal muy reducido

El proceso de elaboración y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado nos brinda una buena oportunidad para examinar uno de los problemas que, desde el punto de vista del sector público, plantea la actual crisis económica: el descenso de las cifras de recaudación tributaria.

En fechas recientes hemos conocido las registradas hasta agosto, que ofrecen un resultado inquietante, con un descenso en la recaudación de ingresos no financieros de un 10,27% respecto de 2007. Destacan las caídas en el impuesto sobre sociedades (29,6%), y del impuesto sobre el valor añadido (15,8%). En el primer caso, todavía se están haciendo notar las consecuencias de la rebaja del tipo de gravamen, pero no puede negarse que buena parte de dicho descenso obedece a los menores resultados de las empresas. En el segundo, la principal explicación hay que buscarla también en la menor actividad empresarial, especialmente de las pymes.

Los datos anteriores no presentan un escenario nada halagüeño para 2009, lo que tendrá su reflejo en las consiguientes previsiones presupuestarias. Es más, es posible que los datos reales sean aún peores, en caso de que la previsión de crecimiento del 1% del PIB no llegue a cumplirse.

Ante esta situación, cabe preguntarse, ¿qué medidas pueden tomarse para evitar esta caída de los ingresos públicos? A mi juicio, poco, muy poco, se puede hacer. En los impuestos directos debe descartarse la posibilidad de introducir cualquier incremento en los tipos de gravamen. Más bien, al contrario, la situación económica podría aconsejar una rebaja de los mismos, en especial, en el impuesto sobre sociedades.

En el ámbito de los impuestos indirectos, caben subidas en el impuesto sobre el valor añadido, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro tipo general es de los más reducidos y tan sólo un punto por encima del permitido por la directiva. Ahora bien, esta medida plantea dos problemas, el primero, de carácter económico y el segundo, de justicia social.

En el plano económico, una subida de los tipos de este impuesto puede tener un reflejo en los precios y, por ello mismo, en los datos de inflación, al menos en el corto plazo. No obstante, también es posible que en un escenario de caída del consumo las empresas absorban dicho aumento a costa de sus márgenes. En todo caso, debe aclararse que dicha subida no afecta a nuestras exportaciones, en la medida en que los productos salen de nuestro país -ya sea con destino a Europa o a terceros Estados- libres de dicho gravamen.

Por lo que se refiere a la justicia, el incremento se produciría en un impuesto indirecto, exigido a todos los ciudadanos con independencia de su nivel de renta. Por tanto, implica una carga tributaria mayor, en términos relativos, para los ciudadanos en peor situación económica.

Así las cosas, puede afirmarse que nuestras autoridades fiscales tienen un margen de maniobra muy reducido, por lo que lo más previsible es un aumento del déficit financiado con endeudamiento. Pero el objetivo del equilibrio presupuestario no debe medirse ejercicio a ejercicio. Debe permitir a los Gobiernos la necesaria flexibilidad para la realización de políticas anticíclicas ante una crisis, compensando el déficit generado con superávit en situaciones de bonanza económica.

Jesús Rodríguez Márquez. Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario