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Hacia un nuevo orden financiero

El Banco de España insta a las cajas rurales a reforzar su 'hucha' común

El Banco de España toma la iniciativa. El supervisor ha instado a las cajas rurales a crear un sistema institucional de protección (SIP). Esta iniciativa -más flexible que la fallida consolidación de balances propuesta en 2005- busca crear un esquema que garantice la liquidez y solvencia de las entidades asociadas en momentos de crisis.

Vista de la sede del Banco Cooperativo Español
Vista de la sede del Banco Cooperativo EspañolPABLO MONGE

La difícil situación económica y la avalancha de regulación financiera proveniente de Europa demandan un cambio de actitud en las cooperativas de crédito. Al menos esto es lo que cree la dirección general de Supervisión del Banco de España. El pasado martes 16 de septiembre, este departamento planteó a las cajas rurales en un encuentro la necesidad de emprender con 'rapidez' la implantación de un sistema institucional de protección (SIP).

El supervisor estima que no se puede retrasar más la adopción de medidas que potencien la solvencia, la liquidez y la gestión colectiva de riesgos. Cree que se deben poner en marcha sistemas que 'garanticen la estabilidad' de las cooperativas de crédito españolas.

La propuesta del regulador parte de la nueva circular de solvencia 3/2008, aprobada el 22 de mayo de este año, que en su norma decimoquinta traspone la directiva 2006/48/CE sobre el SIP. Esta norma fija dos nuevos criterios fundamentales: la posibilidad de establecer un grupo consolidable de entidades de crédito sin que exista control cruzado y la ponderación al 0% para las exposiciones al riesgo de crédito entre ellas.

Una veintena de cooperativas están dispuestas a intensificar vínculos

En un SIP se estima que la garantía de solvencia es adecuada si los miembros del esquema cuentan con recursos propios suficientes para afrontar los riesgos contraídos frente a terceros, para lo cual deben establecer sistemas consolidados de medición de su solvencia.

El Grupo Caja Rural dispone de un fondo interno de solidaridad destinado a resolver situaciones de insolvencia de sus miembros, sin embargo este mecanismo sólo puede entrar en funcionamiento si existe un consenso suficiente en la asociación. El SIP, por contra, dispondría de una mayor agilidad y sería capaz de actuar sin tener que pasar antes por una votación de la asamblea de la Asociación Española de Cajas Rurales (AECR). Además, el sistema controlará las situaciones de incumplimiento de los socios y efectuará su propia evaluación de riesgos.

La propuesta ofrece diversas ventajas. Sus miembros pueden lograr mejores condiciones de financiación en los mercados mayoristas al contar todos con un rating común, al tiempo que se permite a cada caja mantener su identidad.

Fuentes del sector indican que cerca de una veintena de las 72 cajas que forman el Grupo Caja Rural -y que manejan aproximadamente un 80% del negocio del gremio- se muestran dispuestas a formar un SIP.

Rapapolvo al sector por los personalismos

La dirección general de supervisión del Banco de España no perdió la oportunidad para dar un tirón de orejas a las cooperativas la semana pasada. El organismo criticó que fracasara la consolidación de balances en torno al Banco Cooperativo, que se propuso en 2005.El portavoz del supervisor reconoció en el encuentro con las rurales que aquella propuesta era 'exigente', pero estimó que la auténtica razón de que el proyecto no se materializara residió en los 'desencuentros personales' y en las diferentes valoraciones sobre los retos a los que se enfrentaba el cooperativismo bancario.La consolidación de balances difiere en varios puntos del sistema integral de protección (SIP) que ahora se plantea. Así, el anterior proyecto reclamaba una afiliación permanente a sus miembros, exigía solidaridad entre los asociados y suponía la creación de un órgano central que controlase su solvencia con autoridad para dar instrucciones vinculantes.Aparte, la consolidación de balances en torno al Banco Cooperativo no prosperó porque ni Cajamar ni DZ Bank, accionistas de peso en esa entidad, participaban en la iniciativa.El Banco de España reconoce que la creación de un SIP abre puntos de debate, como la forma de compaginar las aspiraciones de entidades con políticas expansivas con otras más conservadoras. Otra cuestión a discutir es la renuncia a cierta autonomía de gestión, porque el esquema influirá en la fijación de estrategias empresariales. Asimismo, habrá que definir la composición, el presupuesto y las atribuciones del mismo SIP. En todos estos temas, el supervisor espera que se imponga el sentido común a 'los personalismos propios del pasado'.

¿Qué es un sistema institucional de protección?

FuncionamientoProtección. El sistema debe proteger a los participantes y, sobre todo, garantizar su liquidez y solvencia.Agilidad. El esquema institucional de protección dará apoyo a través de fondos inmediatamente disponibles.Control. La iniciativa dispondrá de sus propios mecanismos de clasificación de riesgos.Información. Una vez al año publicará un informe.Capital. El sistema eliminará la generación cruzada de capital entre sus integrantes y contará, en su lugar, con mecanismos de medición consolidada de su capital.Participación. El esquema debe estar respaldado por una cantidad relevante de entidades de crédito.Abandono. Aquellos que deseen abandonar el sistema deberán notificarlo con 24 meses de antelación.VentajasApoyo. El mercado penalizará menos el pequeño tamaño de las cooperativas porque tienen una procedimiento de ayuda mutua para los momentos de crisis.'Rating'. Las agencias de calificación otorgarán una mejor valoración a los miembros del sistema, lo que facilitará su acceso a la financiación en los mercados.Cohesión. El esquema aportará elementos que fortalecen la gestión y el control interno.Ahorro. Los participantes se beneficiarán de economías de escala y podrán desarrollar nuevos negocios.Independencia. El sistema permite a cada cooperativa mantener su identidad y personalidad jurídica.Normativa. El esquema de protección hace más fácil la adopción de los cambios contables y a Basilea II, que impone exigencias técnicas y humanas más elevadas.

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