Tráiganme todas las manos
Ahora que ya sabemos que la crisis económica va muy en serio y que, si el Gobierno sigue por la senda definida en los Presupuestos Generales del Estado, también durará más tiempo del previsto, quizá sea la hora de llevar a cabo una profunda reforma del Inem para que sirva de verdadero agente colocador de las personas sin empleo que, tristemente, ingresarán en las filas del paro en los próximos meses junto a las actuales. Para ello tenemos el marco adecuado que proporciona la concertación social y los interlocutores responsables que la situación exige.
El desempleo afecta ya a más de 2,5 millones de personas y los últimos datos apuntan a un rápido crecimiento del desempleo en el último trimestre del año. Algunos observatorios comienzan a advertir de que si no se toman medidas urgentes el paro podría superar este año el 11% y quedar por encima del 14% en el año 2009.
Ya no se trata de una reforma necesaria si, como parece, el Inem sólo recoloca al 7% de la población desempleada. En una coyuntura como la actual es imprescindible que la sociedad disponga de las herramientas adecuadas para ayudar verdaderamente a encontrar empleo a las personas paradas.
Poner al día al Inem para que cumpla su importante función no consiste sólo en dotarlo de las herramientas tecnológicas necesarias para que una persona que pierde su empleo en Madrid pueda aceptar una oferta en Vitoria, con ser muy importante.
Se trata de reconstruir un espacio económico unitario hoy fragmentado por una deriva legislativa que poco tiene que ver con la realidad de nuestro sistema productivo.
Se trata de conseguir abrir el mercado de trabajo para que su acceso sea lo más rápido y eficaz posible, y tanto la oferta como la demanda se ajusten, mediante todos los instrumentos que la sociedad tiene a su alcance, incluyendo la colaboración público-privada.
Cualquier especialista en la materia sabe, al día de hoy, que esa función no podrá llevarla a cabo el Inem en solitario. Y que, además, no debe hacerlo porque en los próximos meses van a ser necesarias muchas más manos que ayuden a paliar los efectos que sobre el empleo tiene y tendrá la crisis económica.
España, Noruega, Grecia y Luxemburgo son los únicos países que carecen de la figura jurídica de las agencias privadas de intermediación laboral. Y en Francia, recientemente, el Senado ha autorizado a las Administraciones públicas a contratar personal a través de empresas de trabajo temporal. No debe extrañar pues que las empresas de trabajo temporal quieran desempeñar un papel más activo en el mercado de trabajo e, incluso, pretendan una revisión de su actual estatus jurídico. Si tienen algo que aportar deben ser escuchadas. Una exclusión prejuiciosa de las mismas no se compadecería con la gravedad de la situación actual.
Las posibilidades que la iniciativa privada puede brindar a la búsqueda de empleo en los próximos años son dignas de analizarse con detalle, entre otras medidas, para abordar una regulación más eficiente.
Cualquier reforma que, al día de hoy, no se haga en profundidad pensando en la evolución del empleo en los últimos años, estará condenada al fracaso. Además, será necesario abordar la mejora de los mecanismos de orientación, educación y formación que posibiliten el desarrollo profesional; y quizás la revisión de las medidas de promoción para el autoempleo, para su fortalecimiento.
Nos jugamos mucho colectivamente en llevar a cabo una reforma valiente y eficaz de los mecanismos para la búsqueda de empleo a la vista de los tiempos que corren y de los que, lamentablemente, están por venir. No convendría que nos refugiáramos en las consoladoras recetas del pasado.
María Jesús Paredes. Socia directora de IG Consultoría