Bruselas denuncia irregularidades en dos empresas urbanísticas públicas de Valencia

La Comisión Europea ha instado a España a que aclare las adjudicaciones de contratos de ordenación urbanística realizadas por dos empresas públicas valencianas a sociedades mixtas creadas por ellas mismas junto a constructoras privadas. Esta política ha sido muy utilizada en los últimos años en la Comunidad Valenciana. Las dos empresas públicas son el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa), que depende de la Generalitat Valenciana, y Actuaciones Urbanas de Valencia (Aumsa), controlada por el Ayuntamiento de Valencia.

La Comisión considera que estas dos sociedades, dedicadas al desarrollo de planes urbanísticos, incluida la promoción de viviendas, otorgaron contratos públicos a estas empresas mixtas sin respetar disposiciones de la legislación comunitaria relativa a las normas de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministro y servicios, especialmente en relación al principio de igualdad de trato y en materia de publicidad.

Bruselas advierte a España -la Comisión siempre se dirige a los países miembros- que si no aclara las irregularidades llevará el caso al Tribunal de la Unión Europea.

Por otra parte, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, cerró la crisis abierta con la marcha de su consejero de Justicia, Fernando de Rosa, al CGPJ, sustituyéndolo ayer por Paula Sánchez de León.