Solbes acelera la liberación de los servicios y busca un pacto con el PP
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, llevará al Consejo de Ministros del próximo día 26 la transposición de la directiva europea de servicios, a través de la cual el Gobierno modificará cerca de 7.000 normas para fijar la libertad de establecimiento, reducir los trámites para la creación de empresas y facilitar el libre acceso a actividades colegiadas.
El proyecto de Presupuestos estatales para 2009 se aprobará en el Consejo del próximo viernes y se presentará en el Congreso el martes 23. Esa misma semana, en el Consejo del viernes, 26, el Gobierno dará luz verde a la adaptación de la directiva Bolkestein, nacida formalmente en Bruselas en 2006, proceso que se desarrollará en tres fases paralelas.
La primera se encauzará mediante un proyecto de ley de adaptación de la propia directiva. La segunda se iniciará con la modificación de cerca de 7.000 normas que hay dispersas en la legislación española afectadas por la directiva comunitaria. Entre ellas, Economía ha identificado 80 leyes estatales, 370 reales decretos y centenares de normas autonómicas. Con el fin de ir más allá de los objetivos de la directiva e introducir transparencia y competencia en los servicios profesionales, que quedan fuera de la misma, el Ejecutivo ha elaborado una ley específica con la que piensa coronar la tercera fase de la reforma, según fuentes gubernamentales.
La complejidad de los cambios y las tensiones previsibles a las que darán lugar han llevado al Ministerio de Economía a apostar por un gran acuerdo con el Partido Popular, formación que gobierna cinco comunidades autónomas.
Su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, está dispuesto a negociar con Solbes y el resto de los ministros implicados esta transposición de la directiva, cuyo desarrollo lleva también el principal partido de la oposición en su agenda política. En la misma disposición a la negociación con el Gobierno se encuentran los portavoces de CiU y del PNV, Josep Sánchez Llibre y Josu Erkoreka, respectivamente, conscientes ambos de que aunque sus respectivas comunidades autónomas disfrutan de amplias competencias en el sector servicios hay aspectos, como el de la distribución comercial, en los que el Estado todavía conserva bastante legislación básica. Erkoreka tiene una cita con Solbes mañana martes en la que repasarán el proyecto de Presupuestos estatales para 2009 y también los planes del Ejecutivo para abordar la adaptación de la directiva de servicios.
En Economía se concede una gran importancia a esta iniciativa pues en plena cresta de la crisis y con el desplome de la construcción, el de servicios es un sector que genera el 60% del PIB y casi el 70% del empleo. También es el más inflacionista.
En el PP se opina que la distribución comercial y aspectos como el otorgamiento de licencias van a figurar entre los puntos centrales de la negociación pendiente con el Gobierno, al margen de las presiones que provengan de los diferentes lobbies que defienden intereses concretos de las asociaciones comerciales y de los colegios profesionales. Casi todos los sectores, incluidos estos últimos, ya han hecho llegar a Economía sus propuestas, temerosos de que la liberalización llegue más lejos de lo que apunta la propia directiva en un intento del Gobierno de acelerar la ganancia de productividad y frenar el desboque de los precios.
El aumento de éstos en los servicios ha superado tradicionalmente el de otros sectores como el industrial, una circunstancia que ha contribuido a mantener el diferencial de un punto que España arrastra con el resto de los países de la zona euro.
Silencio administrativo para las licencias
La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados ya ha mantenido reuniones con Industria para conocer de primera mano las intenciones de Miguel Sebastián, firme partidario de imponer el silencio administrativo en el otorgamiento de licencias comerciales, en línea con los controles a posteriori que establece la directiva comunitaria alumbrada hace dos años en Bruselas.
En este terreno, el Gobierno teme que surjan conflictos con algunas comunidades autónomas. No obstante, en los contactos que Economía e Industria han mantenido con los distintos sectores se ha comprobado su buena disposición a la adaptación de la directiva y, en el caso concreto de la distribución comercial, una clara apuesta por sumar el silencio positivo a la reducción de los costes administrativos que soportan las empresas del sector.