Función pública

El Gobierno defiende el dercho de Taguas a percibir pensión y sueldo

El presidente de Seopan, David Taguas, tiene derecho a compatibilizar el sueldo que percibe de la patronal de la construcción con la indemnización que le corresponde tras su cese como jefe de la Oficina Económica de Presidencia, según defiende el Ministerio de Administraciones Públicas en una respuesta parlamentaria al PP.

Taguas tenía la categoría de secretario de Estado durante el tiempo en que trabajó para La Moncloa al frente de la Oficina Económica de Presidencia. Tras su salida del cargo y su fichaje casi inmediato por la patronal Seopan se suscitaron dudas sobre sus incompatibilidades profesionales, resueltas en cuestión de días a su favor por Administraciones Públicas, y también sobre el margen del que disponía para cobrar la pensión que durante dos años le corresponde como ex secretario de Estado y, al mismo tiempo, ingresar el sueldo mensual que le ha adjudicado la patronal de la construcción. El Ministerio que dirige Elena Salgado aclara este último extremo en una respuesta parlamentaria al diputado del PP Rafael Merino, portavoz de administraciones públicas en el Congreso, quien se dirigió al Gobierno para saber si Taguas había renunciado a su pensión al pasar a trabajar a Seopan.

Sin facilitar antecedentes concretos, los servicios del Ministerio responden al principal partido de la oposición que las indemnizaciones que perciben los altos cargos tras su cese, ministros incluidos, suponen un derecho reconocido desde hace más de 20 años y, en concreto, para los ex secretarios de Estado, desde 1992. Se trata de un derecho que no se suprimió cuando en la pasada legislatura se endureció la ley de Incompatibilidades.

El pasado mayo, el Gobierno autorizó el fichaje de Taguas por Seopan alegando que no vulnera la citada ley, ya que esta patronal funciona como una asociación y no como una empresa concreta. Pese a defender este criterio, el Ejecutivo ha vuelto a denegar al PP información sobre los representantes del sector de la construcción que Taguas recibió cuando era jefe de la Oficina Económica, amparándose en la ley de Protección de Datos.