Comisión de Administraciones Públicas

Taguas puede compatibilizar su sueldo de Seopan con su pensión como secretario de Estado

El Gobierno ha recordado al PP que el ex presidente de la Oficina Económica de Moncloa David Taguas no tiene por qué renunciar a la pensión indemnizatoria que le corresponde como ex secretario de Estado, dado que el cobro de la misma es compatible con la retribución que pueda percibir como presidente de la patronal de la construcción Seopan.

Así lo aclara el Ejecutivo al portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Rafael Merino, quien le preguntó si Taguas renunció a su retribución como secretario de Estado cuando fue contratado por la patronal de la construcción.

En su respuesta el Gobierno recalca que la pensión indemnizatoria que reciben determinados es altos cargos "es un derecho reconocido" desde principios de la década de los 80 y que la percepción de esta pensión se extendió a los ex secretarios de Estado en 1992.

En este contexto, deja claro que en ninguna de las normas que regulan la percepción de este tipo de pensiones "se contempla incompatibilidad alguna" entre su cobro y la nuevas retribuciones que puedan percibir los ex altos cargos "al cesar y pasar al sector privado".

Ley de protección de datos

Por otra parte, el Ejecutivo ha vuelto a acogerse a la Ley de Protección de Datos para no informar al PP sobre qué directivos de Seopan o de empresas miembros de la patronal de la construcción visitaron a Taguas o a su antecesor al frente de la Oficina Económica y actual ministro de Industria, Miguel Sebastián.

El pasado mes de julio el Gobierno ya rehusó remitir a Merino un listado las personas que visitaron Sebastián y Taguas, durante los meses en que desempeñaron este cargo en Moncloa, y ahora, ha remitido la misma respuesta al portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso, Andrés Ayala, quien preguntó directamente sobre las visitas de directivos de Seopan que habría podido recibir el actual presidente de esta entidad en el complejo presidencial.

En su escueta respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo informa al diputado del PP de que la Ley de Protección de Datos de carácter personal, de 1999, "impide la comunicación de los datos solicitados".