Francia quiere huir de los subsidios
Sarkozy aumenta la fiscalidad al capital para financiar una nueva ayuda social
El Consejo de Ministros francés aprobó ayer la reforma del Ingreso de Solidaridad Activa (RSA, por sus siglas en francés), una medida destinada a incentivar la reinserción laboral y luchar contra la pobreza. Su coste se estima en 1.500 millones de euros. Para financiarla, Sarkozy ha optado por crear una tasa del 1,1% sobre el capital, medida muy criticada por las patronales, aseguradoras y las asociaciones de ahorradores.
El Ejecutivo francés, sin margen presupuestario, ha preferido crear un nuevo impuesto para financiar la primera gran medida social que pone en marcha. El RSA, que ya está operativo a nivel experimental desde hace meses, remplazará a partir de julio de 2009 otra ayuda social, el RMI, e irá destinado a unos 3,7 millones de familias. El RSA podrá combinarse con los salarios más bajos para evitar que resulte más beneficioso vivir de los subsidios. El padre de la propuesta, Martin Hirsch, ex socialista y actual Alto Comisario a las Solidaridades Activas, calcula que el nuevo dispositivo facilitará en 18 meses la reinserción laboral de unas 100.000 personas y a largo plazo sacará del umbral de la pobreza a un millón y medio.
Numerosas críticas
La ayuda supondrá un sobrecoste de 1.500 millones respecto al dispositivo anterior. Esa diferencia se financiará con una tasa del 1,1% sobre los beneficios del patrimonio y de las inversiones financieras (inmobiliarios, dividendos, plusvalías de acciones o contratos de seguro de vida), tal y como lo anunció el presidente, Nicolas Sarkozy, que se aplicará a partir del próximo mes de enero.
La creación de la nueva tasa elevará el año próximo la fiscalidad total del ahorro hasta un 30,1%. La medida cuenta con el apoyo mayoritario de la clase política, las patronales y los sindicatos, pero su financiación con otro impuesto ha provocado las críticas de quienes resaltan el difícil contexto en el que surge.
La presidenta de la patronal Medef, Laurence Parisot, denuncia la 'manía francesa' de recurrir a los impuestos para solucionar los problemas. 'Para financiar una buena idea, ¿por qué tener como único recurso una tasa más?'. Avisa que el incremento de la fiscalidad acabará 'asfixiando' a la economía. 'Gravar el capital es privar a las empresas de una fuente de financiación indispensable para su desarrollo', valora la confederación general de pymes. La Federación francesa de las Sociedades de Seguros, que representa el 90% del sector, teme que la medida sea 'contraproducente en un contexto difícil para la financiación de las jubilaciones'. Cerca de 12 millones de franceses han suscrito un seguro de vida, según la Federación, la mitad de ellos precisamente con la vista puesta en su jubilación. Otro colectivo objetivo de la nueva tasa, los propietarios arrendadores, se ha sumado al coro de críticas, señalando también el delicado momento del mercado inmobiliario. Varias voces se han levantado incluso en el partido del Gobierno, que recuerdan la promesa electoral de rebajar cuatro puntos la tasa de retenciones obligatorias, ahora establecida en el 43,5%.
Los sindicatos preparan un otoño caliente
Los principales sindicatos franceses se reunieron ayer para coordinar las movilizaciones que van a llevar a cabo los funcionarios. Unas protestas que serán sólo la antesala de lo que algunos analistas ya han calificado como 'otoño caliente' para el Gobierno de Sarkozy. La influyente CGT ya había avanzado la fecha del 7 de octubre para reclamar una mejora del poder adquisitivo, una llamada a la que se sumó la FSU, sindicato mayoritario de la función pública. La fecha no fue confirmada por la intersindical, que se volverá a reunir la semana que viene.Entre sus principales preocupaciones se encuentra la supresión este año de 11.200 puestos en la enseñanza pública, a la que se sumarán otros 13.500 para el curso escolar 2009-2010.Los que sí acordaron ya fecha son los trabajadores de la empresa de correos La Poste, que protagonizarán una jornada de huelga el 23 de septiembre en protesta por la privatización de la entidad. El presidente de La Poste, Jean-Claude Bailly, anunció que pedirá al Gobierno la transformación de la entidad pública en sociedad anónima.