El Ejecutivo reconoce a 50.000 cuidadores familiares de grandes dependientes
Una de las mayores novedades de la Ley de Dependencia, aprobada a finales de 2006, consiste en el reconocimiento de la figura del cuidador familiar para los grandes dependientes. Año y medio después de entrar en vigor la ley, el Ministerio de Educación y Política Social ya reconoce que 49.953 personas trabajan como cuidadores.
De ese total, 24.205 son familiares que se han dado de alta en la Seguridad Social. Son sobre todo mujeres (el 95%) mayores de 45 años (un 56% son mayores de 50 años). Un empleo de 'claro sesgo de género', como reconoce la secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, y que afecta fundamentalmente a amas de casa.
El resto son familiares no dados de alta en la Seguridad Social, debido a que son pensionistas, tienen otro trabajo o son desempleados y no están obligados a darse de alta en el convenio específico con la Seguridad Social.
'Esta ley es de las más revolucionarias de los últimos cuatro años', asegura Valcarce, ya que gracias a esta legislación, hasta julio, se han creado 72.081 empleos en servicios sociales vinculados a su implantación, aunque la Encuesta de Población Activa (EPA) lo mitiga hasta 20.700 en el primer semestre de 2008. El Libro Blanco que sirvió de base para la norma aseguraba que en diez años se crearían 300.000 empleos.
Los beneficiarios con derecho a prestación a 1 de septiembre llegan ya a los 345.274 ciudadanos, la mayor parte grandes dependientes, como recoge la ley en su calendario de aplicación.
Ya hay reconocidos 293.743 grandes dependientes, cuando las previsiones de la norma indicaban que para 2010 habría 233.000. Esto ha disparado el presupuesto que la Administración central aporta a cada comunidad autónoma por cada dependiente. El Ejecutivo ha reconocido que en 2009 dedicará 1.200 millones de euros, por encima de los 979 previstos. Aunque algunas comunidades autónomas, como Valencia, Madrid o Galicia han pedido todavía más dinero para nuevos servicios, como la construcción de residencias.
En las próximas semanas una comisión analizará cómo se debe producir el copago por servicios (que deben desembolsar algunos beneficiarios) y la acreditación de la calidad en los centros residenciales o de día, hacia donde el Ministerio quiere derivar a la mayor parte de los enfermos, frente a las ayudas económicas directas al dependiente o a los familiares.