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Fútbol

Audiovisual Sport denuncia que Mediapro le debe 200 millones

Audiovisual Sport (AVS) anunció ayer que Mediapro le adeuda más de 200 millones de euros por el contrato de los derechos del fútbol correspondiente a las temporadas 2006/07, 2007/08 y 2008/09, firmado en 2006. También denunció que la productora catalana se ha reunido con algunos dirigentes de clubes de fútbol para exigirles 'mediante intimidaciones, manipulaciones y falsedades' la entrada en sus estadios para garantizarse la señal de esos partidos para su venta internacional.

Audiovisual Sport emitió ayer un comunicado en el que asegura que Mediapro le debe más de 200 millones de euros por el contrato de los derechos de fútbol firmado por ambas en julio de 2006 y que tenía por objeto mantener el modelo de explotación del fútbol televisado que 'había permitido desde hace años la emisión de todos los partidos de la Liga de una forma estable y ordenada a plena satisfacción de todos los implicados y afectados: espectadores, clubes, jugadores y el propio mercado'.

En su comunicado, AVS puntualiza que de esos 200 millones que le adeuda la productora catalana e incluso 'admitiendo que Mediapro hubiera pagado algunas cantidades a algunos clubes, como aseguran sus responsables, y a expensas de la comprobación de la veracidad de tales pagos, aún les debería más de 120 millones'.

Las cantidades citadas proceden exclusivamente de las obligaciones derivadas del contrato de 2006, 'al margen de otras reclamaciones e indemnizaciones solicitadas por AVS contra Mediapro por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento del contrato y el uso ilegítimo de derechos que no ostenta', explica AVS en su comunicado.

Por su parte, Mediapro aseguró a CincoDías que el comunicado de AVS 'no dice nada nuevo' y que 'incurre en contradicciones al decir primero que Mediapro le debe más de 200 millones y luego decir que le debemos 120'.

En su comunicado, Audiovisual Sport añade, además, que existe un procedimiento penal en curso contra los responsables de Mediapro. æpermil;ste se basa en que, a pesar de las medidas cautelares dictadas por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Madrid, en octubre de 2007, que declaró que la titularidad de los derechos de los clubes pertenecía a AVS y prohibió a la productora catalana cualquier tipo disposición, explotación y perturbación de los derechos del fútbol, salvo que se hiciera en el marco del acuerdo de julio de 2006, Mediapro ha venido explotando la pasada temporada 'de forma ilegal esos derechos, emitiendo en su participada La Sexta, de la que es socio de referencia, al menos un partido en abierto por jornada; ofreciendo resúmenes de encuentros y vendiendo partidos a operadores internacionales, de forma presuntamente ilícita (en muchos casos mediante apropiación y distribución ilícita de la señal)'.

Audiovisual Sport también denuncia que, días antes del inicio de la primera jornada de la Liga, representantes de Mediapro se han reunido con algunos dirigentes del denominado G-30, integrado por algunos clubes de Primera y Segunda División 'cuyos derechos son de AVS esta temporada', incide la compañía controlada por Sogecable. El objeto de esta reunión es, según AVS, para 'mediante intimidaciones, manipulaciones y falsedades', entre las que citan supuestos impagos de AVS a los clubes, exigirles la entrada en los estadios con el fin de garantizarse la producción y la señal de esos partidos para su venta internacional, 'de la que obtienen pingües beneficios'.

La productora participada por Sogecable explica en su nota que, 'gracias a estas maniobras e intimidaciones', durante la primera jornada de Liga, Mediapro ha conseguido entrar en los estadios del Espanyol y del Athlétic de Bilbao impidiendo el acceso a AVS. 'De esta forma impidió también la emisión de esos dos partidos en pago por visión, lesionando los intereses de AVS, de todos los operadores de televisión de pago (Digital+, Imagenio y operadores de cable) y, por supuesto, de todos los aficionados que trataron de comprar esos partidos', razona AVS en su comunicado. Añade que 'de forma absolutamente surrealista', Mediapro se dirigió a AVS para ofrecerle la señal del partido 'arrogándose unos derechos que sabe que no tiene'.

En su comunicado, Audiovisual Sport aclara que lamenta los perjuicios que haya podido causar a los consumidores, pero explica que no podía reconocer a Mediapro un derecho del que carece y que, además, 'está utilizando de forma fraudulenta'.

ACTOS JUDICIALES

AVS asegura que Mediapro ha obstaculizado 'sistemáticamente' las actuaciones judiciales con el propósito 'reconocido por sus responsables' de alargar los procesos hasta la temporada 2009/10. 'Su actuación demuestra su escasa confianza en la justicia para resolver el asunto', dice AVS.

Competencia aún no ha dictado una resolución

Mediapro también publicó ayer un comunicado en el que asegura que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) avala su derecho a contratar directamente con los clubes de fútbol, al margen de AVS y que respalda 'en sus aspectos fundamentales la actuación de Mediapro en el conflicto por la gestión de los derechos audiovisuales de la Liga de Fútbol Profesional iniciado por AVS-Sogecable'. La productora catalana añade que mediante una providencia dictada dentro del expediente 06/2007 que tramita la CNC, este organismo les ha dado la razón.Sin embargo, fuentes de la CNC explicaron a CincoDías que la Dirección de Investigación únicamente se ha puesto en contacto con todas las partes implicadas en el caso para que éstas envíen las alegaciones que consideren oportunas para la investigación que el organismo que preside Luis Berenguer inició el pasado mes de abril.No existe, por tanto, ningún tipo de resolución al respecto sobre este expediente que, según las mismas fuentes, se encuentra aún en fase preliminar (la CNC tiene un plazo de 18 meses para resolver desde el inicio de la investigación). En la nota en la que la CNC anunciaba la apertura del expediente, que afecta a productoras, canales de televisión, 38 clubes de fútbol y una caja de ahorros, se aclaraba que la investigación no tiene por objeto dilucidar los conflictos bilaterales puntuales que hayan podido surgir entre los distintos operadores audiovisuales.

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