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Transporte aéreo

Fomento dice que Spanair sopesó cambiar el avión siniestrado

Spanair llegó a plantearse, y finalmente descartó, un cambio de avión tras el despegue abortado por el McDonnell Douglas 82 finalmente accidentado con el resultado de 154 muertos en Barajas. El dato fue aportado el viernes por la ministra Magdalena Álvarez ante la Comisión de Fomento. La aerolínea argumenta que sustituir una aeronave averiada es práctica habitual para perder el menor tiempo posible.

La titular de Fomento evitó dar detalles, ante los grupos parlamentarios, sobre las conversaciones del piloto del avión de Spanair siniestrado el 20 de agosto y la torre de control. Pero Álvarez ofreció un dato relevante: la aerolínea llegó a estudiar un cambio de aeronave cuando fue detectada una avería en un sensor que mide la temperatura. 'La compañía indicó al aeropuerto la posibilidad de sustituir la aeronave por otra de matrícula EC-HFS, aunque, finalmente, decidió continuar con la misma y así lo notifica al Centro de Gestión Aeroportuaria', dijo la ministra.

Interrogada por este detalle, Spanair manifestó a Efe que reemplazar un avión que presenta algún tipo de anomalía por otro es el procedimiento estándar que sigue la empresa. La misma fuente añadió que se trata de 'minimizar los inconvenientes y demoras'. Sobre las afirmaciones de la ministra de Fomento, el portavoz consultado argumentó que 'en este caso concreto que se encuentra en la fase de instrucción judicial, no somos competentes para informar de datos específicos'.

Ley obsoleta

Spanair sostiene que es habitual cambiar aeronaves averiadas para ganar tiempo

El impacto emocional derivado del accidente del vuelo JKK-5022 atemperó la intervención de los grupos políticos y de la propia Magdalena Álvarez, quien repasó la cronología de los hechos y defendió la dotación de personal de inspección de Aviación Civil, así como el 'escrupuloso cumplimiento' de la normativa europea en materia de seguridad. En cuanto a sus interlocutores en la comisión, exigieron máxima transparencia y recordaron al Gobierno la necesidad de una Ley más moderna para el sector. Más allá, apenas hubo enfrentamiento.

Cuando se recordó a Álvarez que incumplía su promesa de tener en funcionamiento la Agencia de Seguridad Aérea el 2 de junio, la ministra culpó al parón en su tramitación causado por las Elecciones. El compromiso del Ejecutivo es tenerla en marcha antes de finales de año y dotarla económicamente 'para convencer a reconocidos profesionales del entorno privado para que trabajen en la Administración'. Fomento cree que este organismo será más útil que el Cuerpo Facultativo de Inspectores que promovía la Ley de Seguridad Aérea de 2003.

Gaspar Llamazares, portavoz de Izquierda Unida, criticó al Gobierno por ejercer una 'defensa cerrada' en lugar de 'analizar posibilidades de mejora en el sistema de seguridad'. Llamazares ahondó en la necesidad de un marco regulatorio que suceda a la Ley de Navegación Aérea de 1960. Además, el líder de IU manifestó su insatisfacción por el 'incumplimiento de la A a la Z' de la Ley de Seguridad Aérea de 2003: 'No hay Consejo Consultivo del sector aéreo y el Cuerpo Facultativo de Inspectores tiene sólo dos personas en activo'.

Sobre el punto legislativo, la ministra, que comparecía de forma voluntaria, tiró de modestia. Manifestó que 'todo es mejorable, pero la órbita de decisiones no sólo depende de España' y sostuvo que está 'dispuesta a analizar más normas o a modificar las existentes para hacerlas más útiles'. De momento, esperará a las conclusiones de la comisión de investigación antes de tocar texto alguno.

Álvarez negó que hubiera escasez de recursos en Aviación Civil. Según Fomento, las personas dedicadas a la inspección son 272. Un total de 169 están en nómina de Aviación Civil, mientras 103 profesionales pertenecen a la empresa pública Senasa. La plantilla de inspectores era de 112 en junio de 2004, lo que arroja un incremento del 160%.

Propuestas a la Unión Europea

La tardanza en disponer de la lista de pasajeros del vuelo JKK-5022 por parte de la Administración ha motivado que el Gobierno vaya a proponer a la UE un cambio normativo para que se agilice la transmisión de información incluso antes de la partida de los vuelos. Álvarez incidió en que la propia Ley de Protección de Datos obstaculizó el proceso de información.La ministra también hizo hincapié en la necesidad de que la Agencia Europea de Seguridad Aérea asuma 'las competencias de certificación de la seguridad de los aeropuertos y de gestión del tráfico'.

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