Unidos por el futuro del sector fotovoltaico
Todos estamos de acuerdo en que es urgente modernizar el sistema productivo español para dotarlo de una mayor eficiencia, competitividad y productividad. æpermil;se es, al menos, el objetivo que el Ministerio de Industria se ha marcado para los próximos cuatro años.
En su primera comparecencia pública ante la Comisión de Industria del Congreso, el ministro consideró prioritario 'potenciar el desarrollo industrial y empresarial de los sectores estratégicos de mayor valor añadido y con mayor potencial de crecimiento internacional', entre los que se encuentra 'el sector de los equipamientos para energías renovables, en el que España es uno de los países líderes en el mundo'.
En esa misma comparecencia, a comienzos del pasado mes de junio, Miguel Sebastián declaró que las actuaciones de su departamento en materia industrial tendrán como referente el diálogo social, 'como ha venido siendo en los últimos años, tanto en lo que se refiere a identificar o anticipar problemas en los distintos sectores de actividad como en el diagnóstico y la posible solución de los mismos', subrayó. Asimismo, hace algo más de un año, el Gobierno de España, anunció la puesta en marcha de un importante proyecto, España Solar, con el fin de 'reforzar y promover el desarrollo de las energías renovables, divulgando su papel, cada vez más significativo, en la economía española y sus ventajas en la reducción de la dependencia energética exterior', según explicó. Es más, el Gobierno afirmó que 'España Solar quiere afianzar e identificar el Sol con España, como motor tecnológico sostenible'.
El nuevo reglamento del Ministerio de Industria reduciría esta actividad a una quinta parte de su tamaño actual
La energía solar fotovoltaica cumple todos los requisitos repasados hasta ahora. Resulta clave para la modernización y la eficiencia, aporta valor añadido, su tecnología en España es referente internacional desde hace años y combina perfectamente autoabastecimiento energético, estrategia, competitividad e innovación.
La inversión dedicada al desarrollo de la industria fotovoltaica española supera los 1.000 millones de euros. En conjunto, el sector supera ampliamente los 30.000 empleos. Por potencia instalada y capacidad tecnológica, nuestro país ocupa el segundo lugar del escalafón mundial, sólo por detrás de Alemania. Nuestra capacidad industrial es reconocida internacionalmente, y en breve nos proporcionará todos los elementos necesarios para producir sin necesidad de importar.
Cualquiera de estos datos justificaría la inclusión de la energía solar entre los objetivos preferentes de potenciación y diálogo social enunciados en junio por el Ministerio de Industria. Por eso nos sorprende la prisa que ha tenido el Ministerio en aprobar un nuevo reglamento solar fotovoltaico, para el que apenas ha escuchado a las asociaciones profesionales y donde finalmente ha obviado nuestros puntos de vista. Con este reglamento, que el sector podría quedar colapsado y sin posibilidad real de crecimiento en tan sólo unos meses.
Lo más grave de la nueva normativa es la imposición de unos cupos sumamente reducidos, que junto a la tarifa propuesta supondrán la reducción del tamaño real del mercado a apenas una quinta parte de lo que tiene en 2008, e incluso a menos de la mitad de lo que fue en 2007.
Mientras en todo el mundo los gobiernos impulsan las instalaciones fotovoltaicas, en España decidimos empequeñecerlas a una quinta parte y aplicarles un sistema de racionamiento que condenará a la industria nacional a la inanición.
Reducir todo un sector a una existencia simbólica y residual, mientras nos dejamos adelantar por la mayoría de los competidores internacionales, no parece una estrategia modernizadora ni una política que potencie nuestra industria. Tampoco parece impulsar más diálogo social que el de las condolencias. A la nueva normativa ni siquiera le salva la excusa de que abarata el déficit tarifario, como se ha insinuado ocasionalmente. No es cierto, porque ante una reducción tan drástica de la actividad, el supuesto ahorro agravará en realidad nuestra dependencia de las energías fósiles. Un sencillo cálculo nos demuestra que, a nivel mundial, cada punto porcentual de energía renovable implica una disminución de entre un 4% y un 5% en el gasto de combustibles fósiles, lo que supone un ahorro de 35.000 millones de euros anuales. Sin duda, en la práctica invertir en el desarrollo de una industria tan prometedora como la solar fotovoltaica, y potenciar su I+D+i, será mucho más barato para el sistema tarifario -y sobre todo para la economía española- que hacer lo contrario, reduciendo en más de un 35% la tarifa regulada, y condenándola a su paralización.
Por ello, ante la gravedad de estos hechos, que suponen la pérdida de una gran oportunidad para nuestro país, AEF, APPA y ASIF, las tres asociaciones empresariales que representamos a todo el sector, hemos tomado la decisión de unir nuestras fuerzas para defender de manera firme y unitaria el futuro del sector fotovoltaico español.
Con la más ambiciosa de las propuestas, la inversión en el desarrollo del sector fotovoltaico hasta 2015 a través de la tarifa regulada sería de 13.500 millones de euros. Sin embargo, el propio desarrollo de la actividad devolvería al sector público esa misma cantidad, más 1.000 millones de euros. Mientras tanto, entre todos habríamos consolidado un sector potente, generador de empleo cualificado, con significativas posibilidades de exportación, líder en investigación, desarrollo y vanguardia mundial. Entre esta opción y la que propone el Ministerio de Industria hay una diferencia tan abismal como la que va del día a la noche. De nosotros depende no quedarnos a oscuras, y para ello hemos decidido unir nuestras fuerzas.
AEF, APPA y ASIF son asociaciones empresariales del sector fotovoltaico