La Generalitat adjudicará las obras del Metro en dos meses
La Generalitat catalana ha fijado un plazo de casi dos meses para privatizar parte de la línea 9 del Metro de Barcelona. Las nueve constructoras de mayor tamaño, que ya participan en la construcción de los túneles, podrán presentar sus ofertas hasta el 3 de octubre para la concesión durante 31 años del mantenimiento de 26 estaciones de la línea.
Sólo un día después de anunciar la entrada de la iniciativa privada en la gestión de la línea 9 del Metro de Barcelona, el departamento de Obras Públicas de la Generalitat catalana publicó el viernes en el Diario Oficial el pliego de condiciones de licitación. Se trata de dos tramos de la que será una de las líneas de Metro más largas de Europa, con 47,8 kilómetros en total y 52 estaciones.
En principio, el concurso convocado comprende la presentación de ofertas hasta el 3 de octubre para la construcción y mantenimiento (escaleras, ascensores, seguridad y limpieza) de 26 estaciones. Con gran celeridad, el 14 del mismo mes, la administración catalana, a través de la entidad Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña (Ifercat), prevé adjudicar los contratos, de 31 años de duración en ambos concursos. La valoración base de los dos tramos suma los 1.946,9 millones de euros (IVA del 16% no incluido).
Ifercat valorará especialmente el canon que deberá pagar a la futura concesionaria por el mantenimiento de las estaciones del Metro, por encima de las especificaciones técnicas. Así, de los 1.000 puntos del sistema de ponderación para la adjudicación, la mitad corresponderán al 'importe de la tarifa anual que tendrá que satisfacer Ifercat', según se especifica en el pliego de condiciones. Hay que tener en cuenta que la Generalitat ha replanteado la financiación de esta obra por su encarecimiento con el sistema tradicional.
La consejería calcula que pagará 130 millones de euros anuales a las concesionarias
Desde su concepción en 2003 hasta hoy ha duplicado su coste, pasando de los 2.464 millones a los 6.829 millones previstos actualmente. La propia consejería, cuyo titular es Joaquim Nadal, ha calculado que deberá pagar a las concesionarias 130 millones anuales, cifra que supone 4.030 millones en el conjunto de los 31 años de la privatización.
El concurso también valorará la solvencia financiera del grupo adjudicatario, por lo que aunque la licitación está abierta a todos el sector, con toda seguridad resultarán ganadores los grandes grupos del mercado, que ya están presentes en la obra. Así, se podrán volver a presentar al concurso las constructoras que se adjudicaron el Tramo 1 (Terminal-Amadeu Torner), valorado en 1.135,4 millones, que son FCC, OHL, Ferrovial, Sacyr y Copisa, en varias combinaciones y asociaciones (UTE). Precisamente, la administración ha presentado el nuevo concurso porque el primero no comprendía el mantenimiento por 30 años, por lo que todas las compañías implicadas han aceptado la retrocesión de los contratos, según explicó el jueves el propio Nadal.
De igual forma que en el Tramo I, podrán presentarse las constructoras que participaban en el Tramo IV (Gorg-Sagrera/Meridiana): Dragados, Comsa, Acciona, FCC, Copcisa, Ferrovial y OHL. Es decir, entre los dos tramos de la línea, las nueve compañías de mayor dimensión del sector. Si alguno de estos grupos no se presenta al nuevo concurso o no resulta ganador, podrá seguir con las obras que ya tenía adjudicadas, pero pasará a ser una subcontrata y, por tanto cobrará de la compañía que gane uno de los dos tramos.
La Generalitat da marcha atrás y retoma el 'sistema alemán'
Una de las primeras acciones del primer Gobierno tripartito catalán, a partir de 2004, fue eliminar progresivamente la financiación de infraestructuras con el denominado sistema alemán o peaje en sombra. Sin embargo, las dificultades presupuestarias para ejecutar las grandes obras ya se manifestaron el año pasado, con la concesión a través de este sistema del eje transversal, que adjudicó a Cedinsa, concesionaria formada por FCC, Comsa, Copisa y Copcisa. La convocatoria de los concursos para la Línea 9 plantea una variación sobre el mismo sistema, que permite aplaza pagos, habiéndose utilizado también para la construcción de comisarías, prisiones y hospitales.