Frente común de los partidos catalanes para presionar a Solbes sobre la financiación
El consejero de Economía de la Generalitat catalana, Antoni Castells, ha convocado sendas reuniones con CiU y PP para amarrar el máximo consenso posible de cara a las futuras negociaciones de financiación que se retomarán en septiembre. El sábado se cumplen los dos años de plazo que fijaba el Estatuto sin haber logrado un acuerdo bilateral con el Gobierno.
Una vez consumados los dos años de plazo que daba el estatuto catalán para fijar un sistema de financiación, el consejero de Economía, Antoni Castells, ha convocado una ronda de reuniones con los partidos de la oposición, CiU y PP. La voluntad de Castells se centra ahora en conseguir el máximo consenso posible desde Cataluña para afrontar las negociaciones que se retomarán en septiembre con la parte estatal de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos.
La parte catalana de la citada comisión tiene previsto expresar su malestar por la falta de acuerdos de calado este sábado. La reunión, convocada a las 10.30 horas, será de puro trámite (los participantes son los representantes del propio tripartido: PSC, ERC e ICV), puesto que media hora después prevé entrevistarse con la comitiva de CiU, encabezada por Francesc Homs. Castells también trata de escenificar un frente común con CiU de cara a los contactos que pueden realizarse este mismo agosto y especialmente a la vuelta de las vacaciones. Incluso ha anunciado una reunión el lunes con la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho.
El balance no puede ser más negativo en materia de financiación para el Gobierno catalán (tampoco se ha constituido la Agencia Tributaria consorciada). El presidente de la Generalitat, José Montilla, volvió a cargar las tintas el jueves asegurando que Cataluña no tiene recursos suficientes. Tampoco está satisfecha CiU, que ha aceptado apoyar al Tripartito. Con todo, el partido que lidera la oposición en Cataluña pretende forzar la formulación de una propuesta alternativa a la de Solbes, considerada demasiado ambigua. En resumen, CiU argumenta que un nuevo modelo de financiación podría aportar hasta 4.300 millones de euros a Cataluña, cantidad que la Cámara de Comercio de Barcelona reduce hasta los 3.800 millones. Desde la Generalitat no quieren hablar de cifras.
El entendimiento en materia de financiación no se repite en cuanto al balance de traspasos conseguidos estos dos años de vigencia del estatuto. Mientras que desde CiU se asegura que sólo se han conseguido cuatro (notarías, expedición y homologación de títulos universitarios, seguridad privada y asignación de derechos de propiedad intelectual), en la Generalitat se habla de hasta 14 traspasos acordados. Lo que parece claro es que no se ha avanzado en la cesión del servicio de Cercanías de Renfe.
La tercera pata de las negociaciones con Madrid que prevé el texto estatutario es la de las inversiones en infraestructuras, la única que ha logrado el consenso. El Estado se ha comprometido a destinar a Cataluña el 18,8% del presupuesto inversor hasta 2013. En este sentido, la licitación de obras ha aumentado en los últimos años, según reconoce un estudio de la Cámara de Comercio.
El Parlamento aprueba 16 leyes
Más allá de la negociación bilateral con el Gobierno central, el parlamento autonómico ha aprobado un total de 16 leyes que desarrollan el estatuto. Destaca la de Servicios Sociales, la de la Agencia Tributaria de Cataluña, la del Memorial Democrático, la de la Vivienda y la que crea el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. También se han aprobado dos normas que desarrollan la gestión de residuos y la de Seguridad Industrial. Asimismo, se encuentran en tramitación parlamentaria nueve textos más, entre los que se incluye el de Calidad del Suministro Eléctrico, y se están elaborando otros 15 anteproyectos. Con todo, para que se cumpla plenamente el estatuto, el Estado debe modificar algunas leyes, como la del Poder Judicial, el reglamento de extranjería, o la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sólo se ha cambiado esta última, puesto que cuando el Tribunal se renueve, los miembros en representación del Senado se designarán después de que cada comunidad autónoma haya propuesto dos candidatos.