A vueltas con el impuesto sobre el patrimonio
A vueltas y más vueltas, pues hace mucho tiempo que en este país se discute sobre la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Por fin el año pasado, el PSOE decidió llevarse el gato al agua e incluyó la propuesta en su último programa electoral, propuesta que acaba de ser recogida en el anteproyecto de ley de medidas fiscales para estimular la economía remitido al Consejo de Estado el pasado 13 de junio.
La fórmula elegida por Hacienda para suprimir este impuesto es sencilla: regular una bonificación del 100% y eliminar la obligación de declarar con efecto a 1 de enero de 2008. Sin embargo, algunas de las tesis que esgrime Hacienda para defender la propuesta son harto discutibles.
Es cierto que, en el ámbito de la Unión Europea, este impuesto únicamente sobrevive en España y en Francia (y allí en condiciones mucho más favorables que las nuestras), y también es cierto que este impuesto grava el ahorro y que ya no es útil como instrumento de control, pues actualmente nuestra Agencia Tributaria dispone de otros medios para obtener la información que dicho tributo le proporcionaba. Hasta aquí, de acuerdo.
Lo que parece un poco más confuso es que, como dice el ministro de Economía, Pedro Solbes, este impuesto recaiga sobre las clases medias.
Intentemos aportar algo de luz, aunque para sopesar este argumento primero deberíamos saber qué entiende el PSOE por 'clases medias'. Llama poderosamente la atención el hecho de que por este concepto sólo tributen los patrimonios con un valor superior a 601.012,10 euros (vivienda habitual excluida) y que el Gobierno estime en un millón el número de españoles que se beneficiarán de la supresión del impuesto.
En cualquier caso, no debería extrañarnos que el Gobierno adopte medidas regresivas. Los cambios en la tributación de productos financieros (que ahora tributan en todo caso al 18% y no al tipo marginal), han reducido de forma significativa la factura fiscal que este año han satisfecho 'las clases medias' en su declaración del IRPF. La eliminación del impuesto sobre el Patrimonio reducirá aún más su factura fiscal del próximo año.
No obstante, no todos están contentos con la supresión de este tributo, como prueba el hecho de que al Gobierno le hayan salido detractores de todo tipo. Así, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado se ha manifestado en contra de su supresión, ya que considera que dicho impuesto resulta muy útil para descubrir las variaciones anormales del patrimonio. Tal organización ha propuesto que no se elimine la obligación de declarar y que el mínimo exento se eleve a 3 millones de euros. También ha pedido que se obligue a todos los alcaldes a presentar la declaración del patrimonio, medida esta última que aplaudirán, sin duda, muchos españoles.
También las Comunidades Autónomas están inquietas. Les preocupa la pérdida de recaudación que implica la supresión, aunque el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero les ha prometido que será compensada con la reforma del sistema de financiación autonómica.
El dato que aporta mayor claridad al debate es que el volumen de ingresos que obtienen las Comunidades Autónomas por el impuesto sobre el patrimonio no llega al 2% del total de sus ingresos y, en muchos casos, se sitúa en torno al 1%. Por tanto, si bien todo contribuyente estaría de acuerdo en la supresión de este tributo, lo que parece evidente es que su eliminación sólo afecta a unos pocos españoles. En definitiva, se trata de un brindis al sol que no va a paliar el incremento de la presión fiscal que sufre la auténtica clase media española, que es la mayoría.
Paula Gámez. Abogada de Davies Arnold Cooper Abogados