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Venezuela

El Gobierno español exige a Chávez un precio aceptable para Santander

Pedro Solbes, vicepresidente segundo del Gobierno, aseguró ayer que 'no habrá problemas' con la venta del Banco de Venezuela siempre y cuando el presidente Hugo Chávez se comprometa a pagar por él 'un precio aceptable'. Según las declaraciones de Solbes a RNE, lo contrario convertirá en una 'nacionalización expoliatoria' a la negociación entre el Grupo Santander y el presidente de Venezuela.

Aunque la entidad que preside Emilio Botín no ha precisado aún cuánto pedirá por el Banco de Venezuela, los analistas de Inverseguros calcularon que el precio de esa filial se aproxima a los 1.500 millones de euros. Esta cantidad es superior a la que dieron otras fuentes, que juzgaron que el precio oscila entre los 771 y los 1.221 millones.

El ministro de Economía y Hacienda ha sido el segundo ejecutivo en reaccionar a la decisión de Venezuela, que el 31 de julio hizo público el plan de quedarse con la filial de Santander. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ya había comentado el viernes que esperaba que esta venta se resolviese pronto mediante el diálogo y la negociación. Ese mismo día, la embajada de Venezuela en Madrid afirmó que la operación respetará los derechos de los accionistas.

Chávez elogió la respuesta positiva del Gobierno español a última hora del domingo, durante la emisión del programa ¡Aló presidente!, presentado por el mismo Chávez en la televisión estatal. El mandatario aseguró que de la nacionalización en marcha surgirá 'un banco ultramoderno'. Chávez anunció que pretende adaptar el Banco de Venezuela al modelo del brasileño Caixa, una entidad pública creada en 1861 con presencia en todos los municipios. 'Quiero que llegue a todo el país', anticipó.

Chávez, que ya nacionalizó empresas en los sectores energético y de las telecomunicaciones, firmó el viernes un decreto de reforma del sistema bancario y financiero. El presidente venezolano adoptó esta resolución pendiente de publicación durante la última de las 180 jornadas que ejerció la facultad especial para aprobar leyes sin necesidad de someterlas al trámite parlamentario.

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